El Consejo de Gobierno ha analizado el Anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, que impulsa su papel como prestadoras de servicios, las dota de más funciones y avanza en la transparencia de las mismas, al tiempo que garantiza la supervivencia de las tres cámaras (Cartagena, Lorca y Murcia).

El texto normativo, siguiendo los principios recogidos en la ley básica estatal, aboga por un destacado papel de las cámaras en la mejora de la competitividad y el impulso de la internacionalización de las empresas de la Región de Murcia. Además, implica a estas entidades en la implantación de un sistema de Formación Profesional Dual, a través de su participación en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo.

Asimismo, recoge la colaboración con las administraciones públicas en la simplificación administrativa y la supresión de trabas que limitan el acceso y ejercicio de la actividad empresarial, y su importante función en el fomento del emprendimiento.

En relación con su organización, el texto define y desarrolla los órganos de gobierno de las cámaras regionales y regula el proceso electoral de las mismas, incluyendo el voto electrónico.

La norma introduce nuevas medidas para favorecer su transparencia. En este sentido, recoge las distintas formas de ingresos públicos y privados, la obligación de elaboración y liquidación de presupuestos, así como el sistema contable y los mecanismos de control financiero de estas corporaciones.

Asimismo, las cámaras y el Consejo de Cámaras harán públicas las subvenciones, así como otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el desarrollo de sus funciones. También publicarán las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables, así como las indemnizaciones percibidas en caso de cese en su cargo o por cualquier causa.

El texto regula el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, como corporación de Derecho público y con personalidad jurídica propia, al que corresponden, entre otras, las funciones de representación, relación y coordinación del conjunto de las cámaras con la Administración de la Comunidad.