El diputado Gregorio Morales afirma que la ley regional "mejora la ley de Transparencia de Andalucía, considerada hasta ahora como la más progresista"
La Asamblea Regional ha aprobado hoy la proposición de ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad de Murcia, promovida por el Grupo Parlamentario Popular, que "otorga más derechos a los ciudadanos en materia de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en la vida política que cualquier otra ley autonómica", según ha explicado el diputado 'popular', Gregorio Morales.
Durante el debate de la proposición de ley, al que ha asistido el presidente la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, Morales ha comparado la normativa regional con el resto de leyes autonómicas especialmente con la de Andalucía que, a su juicio, "es hasta ahora la que más aspectos recoge en materia de transparencia".
Así, a diferencia de la ley andaluza, el diputado del GPP ha explicado que el texto murciano contempla expresamente el derecho de los ciudadanos a recibir información de los derechos que contiene la ley y a ser asistidos para su correcto ejercicio, y establece que las obligaciones de transparencia se aplican a cualquier entidad incluida por el Estado en el inventario de entes del sector público de la Comunidad Autónoma.
Según Morales, "la información obligada a publicar en materia de contratación, participación ciudadana, subvenciones es más amplia que la ley andaluza, que está impulsada y aprobada por el PSOE e IU de esta comunidad", por lo que ha apuntado que "los argumentos de la oposición, contrarios a la normativa regional, no se sostienen".
"Si la proposición de ley de Murcia es en temas de transparencia más avanzada y concede más derechos que la de Andalucía, que ahora estaba considerada como la mejor, no hay ninguna razón para que los grupos de la oposición no la voten", ha subrayado.
Con relación a la ética política y buen gobierno, Morales ha explicado que la normativa se remite a la ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno "como también hacen la mayoría de comunidades autonómas".
En este sentido, ha anunciado que el texto incluye una disposición adicional que recoge que "en el plazo de tres meses desde la publicación de la ley, el Gobierno regional impulsará la tramitación de un proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos al buen gobierno derivados de la legislación básica estatal y regule el régimen de los altos cargos al servicio de la Administración Pública de la Comunidad".
"Hay un compromiso firme del Gobierno regional, que ya está dando los pasos necesarios para aprobar el anteproyecto de la ley de Buen Gobierno y el Estatuto del Alto Cargo", ha sentenciado.