El SIDI, antes del cierre de las urnas ha presentado una demanda judicial de impugnación de las mismas por la actuación manifiestamente ilegal y contraria al derecho de libertad sindical llevado a cabo por la Administración en connivencia con la Mesa electoral coordinadora.

Los motivos de la impugnación se fundamentan en los siguientes hechos:

-         El SIDI pidió que tuvieran derecho a voto no solo los funcionarios que trabajaban a la fecha de elaboración del censo provisional sino también los que trabajaban a la fecha de elaboración del censo definitivo.

-         Al desestimarse esta petición, solicitó, conforme a ley,  un arbitraje, que le dio la razón jurídica a esta pretensión del SIDI, si bien no ordenó que se modificara el censo porque la propia Consejería de Educación manifestó al árbitro que ya lo había modificado para incluir a más de 250 personas que faltarían en el mismo.

-         En el día de ayer 3 de diciembre, a última hora de la tarde hemos comprobado que la Administración no ha incluido a  esos más de 250 docentes en el censo, y por ende no tendrán derecho a votar hoy, incumpliendo la legalidad y lo manifestado por el árbitro AL QUE HAN MENTIDO de manera expresa..

-         Todavía es más grave esta decisión porque de haberse incluido se habría aumentado el número de representantes a elegir de 57 a 59, lo que supone que se ha minorada la representatividad de los docentes en la Mesa General de negociación así como se ha modificado la representatividad electoral de al menos dos organizaciones sindicales.

El SIDI en las pasadas elecciones sindicales ya procedió a impugnarlas judicialmente porque dos sindicatos hicieron trampas en el voto por correo, y judicialmente se ordenó su repetición. Pero esta vez todavía es más grave, ya que es la propia administración la que ha hecho trampas, vulnerando el derecho de libertad sindical de los sindicatos y el derecho constitucional de voto a más de 250 funcionarios.