El coordinador de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha respondido hoy a las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, sobre la intervención de la Guardia Civil en la desaladora de Escombreras, que "lo insoportable no son las investigaciones de la Fiscalía, sino la corrupción que está en el origen de las mismas".

Pujante ha señalado que en la Región "apenas queda dependencia, oficina, sede o infraestructura" relacionada con el PP que "no haya recibido la visita de la Benemérita".

El dirigente ha recordado que su formación lleva años denunciando cuál fue el papel de la desaladora, "uno de los mayores pufos" de la Región, y cuyo coste para las arcas regionales asciende a 600 millones de euros, que "los murcianos tienen que pagar a Florentino Pérez", propietario del grupo empresarial que la construyó, y por qué se construyó.

A su juicio, "con la desaladora se quiso dar cobertura legal a los convenios urbanísticos y a las revisiones de los planes municipales ante los informes negativos que emitía la CHS sobre la disponibilidad del recurso agua con la que dotar a los numerosos residenciales que se proyectaban en aquel momento a lo largo y ancho de la Región".

Ha asegurado que, con independencia del papel que la desaladora juegue en el proyecto Novo-Carthago, "lo cierto es que esa infraestructura ha sido objeto de numerosos convenios con más de dos decenas de ayuntamientos murcianos a través del Ente Público del Agua (EPA)", con el fin de "sortear los informes negativos de la CHS".

A este respecto, Pujante ha confirmado que es conocedor de, al menos, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región que anulan los planes generales de Aledo y Puerto Lumbreras, con el argumento de que esos planes "no habían respetado los informes negativos de la CHS" sobre insuficiencia de agua y que los informes que emitió el EPA no podrían sustituir los de la Confederación.