La formación ha criticado que la citada norma se haya tramitado como proposición de parte y no como proyecto de Ley, lo que significa que no ha pasado por el filtro de los órganos consultivos de la Región, el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico, cuya participación habría servido para "mejorar su redacción y contenido".
Un buen número de enmiendas parciales van dirigidas a incluir en el ámbito subjetivo de la ley a actores que no están contemplados en la misma pese a gestionar "grandes cantidades de dinero público" y, por tanto, requieren una regulación para garantizar la transparencia. Entre ellos, ha citado las administraciones locales; las empresas concesionarias de servicios públicos locales y autonómicos; las que gestionan conciertos educativos, sociales y sanitarios; las empresas agrícolas subvencionadas con fondos europeos y las confesiones religiosas que gozan de subvenciones y exenciones y bonificaciones en el ámbito fiscal.
Para IU-Verdes, la ley también supedita algunas de sus medidas en materia de participación al pago de exacciones por expedición de documentos, algo "incomprensible" puesto que de esta manera "se merma la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a información pública relevante si no van con el dinero por delante".
En este sentido, ha solicitado, a través de una enmienda, que se establezca la gratuidad del acceso a la información.
Además, ha formulado una enmienda para que el Consejo de Transparencia y Participación Ciudadana pase de tener una representación de dos diputados, como propone la norma, a uno por cada grupo parlamentario, garantizando así la pluralidad de este órgano.
La organización de izquierdas ha propuesto que en la información económica que debe ofrecer el Gobierno regional se incluyan los intereses de la deuda de la Comunidad Autónoma, tanto los generados como aquellos que han sido satisfechos, con el fin de que la información sea integral.
Del mismo modo, ha reclamado que las iniciativas ciudadanas contempladas en la ley no sean desestimadas inicialmente por las consejerías, si éstas consideran que trascienden las competencias de la Comunidad Autónoma, y que antes de rechazarlas se requiera un informe a los órganos de transparencia y participación que establece la propia Ley.
Asimismo, y en el ámbito del "buen gobierno", ha presentado una enmienda para que sea causa de inelegibilidad de los senadores de designación autonómica y de los diputados regionales, su imputación formal en el ámbito procesal penal de un delito de corrupción política o administrativa. Del mismo modo, ha pedido que esa circunstancia sea causa de cese en el caso de los consejeros y altos cargos.
En otra de las enmiendas relacionadas con el buen gobierno, IU-Verdes también ha planteado que los altos cargos que hayan dirigido o asesorado a empresas privadas, no puedan intervenir hasta dos años después de su paso por la actividad privada en los asuntos relacionados con esas empresas.
IU-Verdes también ha propuesto que los altos cargos de la Comunidad Autónoma, una vez abandonada su función pública, no puedan entrar en Consejos de Administración de empresas que gestionen servicios públicos o que sean beneficiarias de contratos públicos.
Por último, ha propuesto que en el perfil de los altos cargos, que debe ser objeto de publicidad activa, se incluyan los títulos académicos superados por los mismos, para evitar la confusión que suele existir en ocasiones en torno a este extremo.