Unión Progreso y Democracia participó ayer en las jornadas que se desarrollaron sobre Dependencia organizadas por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Murcia. En este contexto y tras el análisis que los trabajadores sociales realizaron sobre el estado de la aplicación de la Ley en estos momentos en la Región, UPyD se refirió y subrayó "la desidia por parte del Gobierno regional para que los usuarios dependientes vean resuelto su derecho subjetivo adquirido por Ley".
Además, la formación magenta apuntó que "existen aspectos mejorables", concretamente en el incumplimiento reiterado de los plazos y de la normativa a la hora de resolver los expedientes. "A pesar de que por parte del Gobierno se dice apostar por los servicios, aún después de siete años, no han empezado a funcionar correctamente", como en el caso de la prevención, la promoción de la autonomía y el servicio de asistencia personal, o bien "están sujetos a un elevado copago", como es el ejemplo de la ayuda a domicilio o la teleasistencia domiciliaria.
Con respecto a las plazas en centros de día y residencias, en sus distintas especialidades, UPyD indica que "existe una evidente carencia de plazas, lo que supone una excesiva lista de espera para los solicitantes".
Por todo ello, desde Unión Progreso y Democracia en Murcia, "instamos al Gobierno regional a que apueste por la Ley de Dependencia, así como que cree en su viabilidad económica", avalada por distintos estudios que demuestran que si se aplica de forma coherente y con dedicación, sobre todo apostando por los servicios del SAAD, incluso se pueden obtener beneficios económicos y sociales. "La promoción de la autonomía personal, es parte importante de la Ley y debe tener un carácter prioritario por parte de las administraciones".
Igualmente, UPyD consideró "esencial la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia", para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, a fin de "asegurar una igualdad y equidad mínimas entre todos los usuarios". Por otro lado, los servicios sociales y de atención a la dependencia "deberían ser competencia sobre todo de los ayuntamientos, puerta de entrada y fundamento del sistema protector".