Región

El PSOE afirma que las enmiendas socialistas al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias pretenden recaudar más de quien defrauda

El diputado Alfonso Navarro planteó, asimismo, la modificación de la Ley de la Función Pública que está obsoleta

Esta tarde se han debatido en la Asamblea Regional las enmiendas al proyecto de ley de Medidas Tributarias de simplificación administrativa y en materia de Función Pública. Finalmente, el Grupo Parlamentario Popular no ha aprobado ninguna de las enmiendas socialistas.

El Grupo Parlamentario Socialista había presentado un total de 25 enmiendas al proyecto de ley de Medidas tributarias de simplificación administrativa y en materia de Función Pública.

El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, señaló que las enmiendas socialistas pretendían "recaudar más de quien defrauda". Para ello propuso la creación de un nuevo cuerpo de Agentes Tributarios especializados, arquitectos o aparejadores, además de los que prevé el Proyecto de Ley. "Creemos que este cuerpo es imprescindible para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida".

Navarro explicó que el Grupo Parlamentario Socialista también había planteado otras serie de enmiendas, hasta 20, con un carácter eminentemente social, para la eliminación de tasas por discapacidad, familias numerosas y revisión grado dependencia. "Un total de 15 fueron rechazadas por el PP en la Comisión de Economía, porque decían que no eran congruentes con el carácter de la Ley, aunque desde el PSOE pensamos que sí lo son". Tampoco han prosperado las que quedaban pendientes en el ámbito de la dependencia, referidas a los ingresos que tienen aquellas personas que están en centros y necesitan mayor tutela y que hasta ahora cobraban un porcentaje de retribución. El PSOE pedía que se estableciera una cuota fija y mensual para atender sus necesidades.

Por último, en materia de Función Pública, Alfonso Navarro planteó la modificación de la Ley de la Función Pública que está obsoleta, ya que lleva vigente desde 2002 y debería haberse revisado en 2007 cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público.

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