Publicar las nóminas de todos los empleados públicos o crear un canal de comunicación entre ciudadanos y Administración a través de la aplicación para móviles Whatsapp, como ya han hecho otras comunidades autónomas, son algunas de las propuestas en materia de transparencia que está estudiando la CARM, según se avanzó anoche en la jornada 'Buen Gobierno en la Región de Murcia: exigencia ciudadana y deber de los gobernantes' organizada por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología.
La jornada, que se celebró en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, fue inaugurada por el consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz; quien aseguró que la Ley de Transparencia que aprobará la Asamblea Regional será "la norma autonómica más avanzada" y explicó la limitación a dos mandatos para el cargo de presidente regional, que se aprueba este miércoles, por las demandas de la sociedad civil.
En la misma línea, Manuel Pleguezuelo, director general de Participación Ciudadana, defendió la Iniciativa Integral para la Transparencia de la Administración puesta en marcha. "Llegamos más tarde que otras comunidades", reconoció, "por eso debemos llegar con más calidad", sentenció. "Se ha hecho más que antes, pero aún falta por hacer en materia de transparencia", le contestó Javier Sierra, decano del Colegio de politólogos y sociólogos.
"Sin transparencia no hay democracia", añadió José Molina, del Pacto por la Transparencia. La jornada también congregó a otros actores que persiguen el Buen Gobierno, como el Grupo de Opinión de la Región de Murcia, el Foro Regional de Colaboración entre Administraciones (FORCA) y Asociación de Acreditación de la Transparencia. También se abordaron los modelos de participación ciudadana implementados en Molina de Segura con la participación del alcalde Eduardo Contreras y del representante de las asociaciones vecinales José Antonio Cano, quien alertó del peligro del individualismo de la participación telemática. "Nos han educado para delegar", se lamentó.
"La nueva realidad pone a prueba las estructuras políticas e institucionales de nuestros países, pero fundamentalmente plantea nuevos desafíos para la democracia y para los gobiernos, a los que corresponde la tarea de adaptarse y saber entender los nuevos condicionantes sociales", concluyó el director de la jornada, Bartolomé Bautista.