Región

La Comunidad aprobará en un plazo máximo de cuatro meses planes de igualdad en todos los sectores de la Administración regional

Constituida la Comisión de Coordinación para la Igualdad de Género de la Administración Pública de la Región de Murcia

La Administración General de la Comunidad Autónoma, el Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Educación, Cultura y Universidades dispondrán en un plazo máximo de cuatro meses de planes de igualdad en todos sus departamentos. Previamente, los criterios comunes sobre los que deberán atenerse esos planes serán establecidos en un plazo máximo de 30 días.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la Comisión para la Igualdad de Género de la Administración Pública de la Región de Murcia, que se reunió hoy y a la que han asistido los directores generales de Función Pública y Calidad de los Servicios, de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud, de Recursos Humanos y Planificación Educativa y de Política Social. También participaron los representantes de las organizaciones sindicales UGT, CCOO, FSES-ANPE, FSES-SATSE, CSIF, Sindicato Médico y La Intersindical.

El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, manifestó que "los planes de igualdad de todos los sectores de la Administración regional contendrán como líneas estratégicas, entre otras, la igualdad en el desarrollo profesional, en el acceso al empleo público, en la atención de situaciones de especial protección, y en la de medidas de ordenación del tiempo de trabajo que posibilite la conciliación de la vida personal, familiar y laboral".

Gallego destacó que "es crucial que la Administración Pública desarrolle e implante políticas integrales, que permitan eliminar los obstáculos que impiden o dificultan todavía el respeto al principio constitucional de igualdad de hombres y mujeres en nuestra Región".

Según la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, la transversalidad es el principio que comporta aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas llevadas a cabo por las distintas administraciones públicas. Se entiende por integración de la perspectiva de género el análisis de la discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de un modo transversal u horizontal en todos los niveles, fases y contenidos de las políticas generales.

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