En todo el Estado, y en la Región de Murcia en particular, se está viviendo una situación de excepcionalidad política que empobrece sobremanera y cuestiona la calidad democrática de su espacio público, al tener a numerosos responsables institucionales imputados en graves casos de corrupción, aunque estos sean supuestos. En este sentido, la Operación Púnica, que se cerró en la jornada de ayer con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia, es solo un ejemplo más de unas prácticas ilícitas que ya parecen instauradas como habituales en el Partido Popular, en concreto, en el grupo popular de la Región, y que también salpican a los socialistas.
Podemos, en cuanto movimiento político que persigue a una regeneración profunda de la vida pública regional y en su aspiración de refundar democráticamente el espacio cívico, considera que esta situación de excepcionalidad política debe ser afrontada con urgencia. La democracia se muere cuando los cargos públicos son objeto de sospechas por su complicidad en casos de corrupción.
Es por esa razón que Podemos Murcia exige que a la dimisión de los implicados en esta trama se sume el cese de otros cargos en activo imputados desde hace tiempo. Es el caso, entre otros muchos en la Región, del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; del consejero de Educación, Empleo y Universidades, Pedro Antonio Sánchez; del alcalde de la Ciudad de Murcia, Miguel Ángel Cámara, o del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, todos ellos asociados judicialmente a diferentes casos.
Podemos Murcia manifiesta que la corrupción a la que nos tiene acostumbrados el actual gobierno de Murcia no debe ser contemplada con la "normalidad" o indiferencia que presentan los actuales representantes, tanto del Consistorio como del Ejecutivo autonómico, sino todo lo contrario. Sería un buen ejercicio para la transparencia que dicen promover que comparecieran ante los ciudadanos para dar explicaciones y castigaran con férrea contundencia los casos citados. No se puede permitir que altos cargos de nuestras instituciones no tengan un mínimo de ética y de decencia social y política, y permanezcan en sus puestos como si no hubiese pasado nada. Las personas mencionadas, al igual que otros muchos, no pueden permanecer en dicho cargo ni un día más, porque están imputados por graves delitos como la prevaricación y consecuentemente la presunta corrupción.