Han explicado la regulación de las remuneraciones de los consejeros, la duración de su mandato o los conflictos de intereses, entre otros aspectos
Evitar los excesos y abusos cometidos por consejos de administración de algunas empresas, entidades financieras… es el objetivo del proyecto de ley aprobado recientemente en Consejo de Ministros. Para explicar las mejoras que propone en la gestión de las empresas, en el control y regulación del poder de los consejeros y directivos, así como para aumentar la transparencia en la gestión, Garrigues y la Facultad de Derecho han celebrado esta mañana una jornada en la Universidad de Murcia.
En el primer encuentro Garrigues-Facultad de Derecho, han participado numerosos profesores de la UMU y expertos del despacho de abogados y asesores tributarios, como Rafael Jordá, José Manuel Hernando o Marta González Pajuelo, quienes han desgranado los diferentes aspectos que regula esta norma como las remuneraciones de los consejeros, la duración de su mandato, los nombramientos o las situaciones de conflictos de interés, entre otros aspectos.
El primero en intervenir ha sido el socio de Garrigues, Rafael Jordá, quien ha analizado en qué medida esta norma es aplicable con carácter obligatorio, en muchos aspectos, a las sociedades no cotizadas, o voluntario, si la sociedad así lo decide ante la existencia de un accionariado disperso, estando regidas por un consejo de administración. En particular ha planteado que "los principios de gobierno corporativo pueden ser de interés y de aplicación en empresas familiares en segunda o ulteriores generaciones".
Por su parte, el socio de Garrigues José Manuel Hernando ha prestado especial atención a la regulación de las nuevas competencias que se atribuyen a la Junta General. Además, el también abogado de la misma firma, Emilio Teruel, ha hablado de la regulación de las remuneraciones de los administradores, con la que el proyecto aspira a conjugar correctamente el interés de la sociedad y el de sus accionistas. Y en relación a los Consejeros Delegados ha afirmado que "se clarifica su régimen de retribuciones, ya que deberán firmar un contrato que incluirá los distintos conceptos retributivos, que deberá ser aprobado por una mayoría cualificada del consejo y la abstención de los interesados".
Por último, Marta González Pajuelo, socia responsable del Departamento Procesal de Garrigues en Murcia, ha comentado las modificaciones propuestas sobre impugnación de acuerdos sociales. La reforma, según ha destacado, "busca el equilibrio entre la protección de los derechos de los socios minoritarios, para que no se vean anulados de manera absoluta por los mayoritarios, y la búsqueda del menor el impacto del ejercicio de esos derechos en la eficiencia y de la gestión de la actividad empresarial, que en la práctica se ha demostrado que se ve afectada por los numerosos procedimientos judiciales por conflictos societarios que en los últimos años se han tramitado en los Juzgados de lo Mercantil".