Fuensanta Máximo critica la política llevada a cabo por el Ejecutivo regional hacia la enseñanza pública, y recuerda que en los últimos ocho años, los gastos de funcionamiento de los centros públicos "han disminuido en un 50%"

La responsable regional de Unión Progreso y Democracia, Fuensanta Máximo, ha denunciado el mal acondicionamiento de las aulas, y ha exigido un mayor esfuerzo por parte de la Consejería de Educación para evitar situaciones como las que ayer se producían en el acto oficial de apertura del curso escolar 2014-2015, que se desarrolló en La Unión, donde el termómetro marcaba una temperatura de 41 grados en las aulas, vulnerando así el Real Decreto 486/1997 de 14 abril que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, debe estar comprendida entre los 17 y los 27 grados.

Además, Máximo ha recordado que este tipo de circunstancias son la prueba más evidente de que "están dejando en precario a la educación en la Región", y ha señalado que a los recortes que ya está aplicando la Consejería, reducción de profesorado, incremento de ratios, retraso en la sustitución de bajas o en el abono de los gastos de funcionamiento a los centros, así como las ayudas para comedor escolar, transporte y compra de libros de texto, "se suma también el deficiente acondicionamiento de las aulas".

Tal y como explica la máxima dirigente regional, la educación pública de calidad "es el instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades, y una sociedad en la que no haya más desigualdades que las derivadas de la capacidad y el mérito".

Para concluir, la portavoz regional de UPyD ha señalado que "este modelo de diecisiete sistemas educativos distintos, está quebrantando el principio de igualdad de oportunidades para todos los españoles", y ha declarado que ante la disparidad en la calidad de la enseñanza entre las distintas comunidades autónomas, "es fundamental la devolución de competencias en materia de Educación al Estado".