El Gobierno como promotor y el Grupo Parlamentario Popular como ejecutor, derogan una norma con amplio consenso político y social e imponen una Ley "de parte" sin el consenso de las OPAS y enfrentados al resto de grupos parlamentarios

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ante la aprobación definitiva hoy en el Congreso de los Diputados de la Ley sobre representatividad de las OPAS, lamenta profundamente que el Grupo Parlamentario Popular, a instancias del Gobierno, haya derogado la vigente Ley de 2009 mediante la aprobación de una nueva Ley con graves deficiencias en cuanto a garantías democráticas.

El Gobierno, con el respaldo de su mayoría absoluta parlamentaria, consuma así la derogación de una Ley que contó con amplio consenso tanto en lo político (fue respaldada la anterior legislatura, entre otros, por el propio Grupo Popular y el Grupo Socialista), como en lo social (contó con la aceptación de las principales organizaciones agrarias de ámbito estatal) y la sustituye por una Ley "de parte".

Esta es la única calificación que merece la nueva Ley aprobada hoy; es una norma que sólo responde a los intereses de una parte: el Partido Popular. La Ley aprobada no ha sido consensuada con las principales organizaciones profesionales agrarias y además, ha obtenido el rechazo de todos los grupos parlamentarios en la votación celebrada esta mañana en el Congreso de los Diputados.

Entre otros aspectos, la nueva Ley dificulta la participación de los profesionales del sector agrario para participar directamente en las votaciones en urna, altera el censo tradicional de los electores en las Elecciones a Cámaras Agrarias con la inclusión de no profesionales en el censo y adolece de elementales garantías democráticas al no prever que la determinación de la representatividad de las OPAs se dirima en un verdadero proceso electoral sino mediante una consulta.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), valorará ahora si estas deficiencias pueden ser razones que permitan la admisión a trámite de un recurso contra la Ley ante cualquiera de las instancias jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional o los tribunales europeos.