Patricio Gómez recuerda que la hostelería en la Región cuenta con más de 12.000 actividades y da trabajo a más de 40.000 personas

El Grupo Parlamentario Popular propondrá a la Asamblea Regional suprimir las licencias de apertura de los establecimientos hosteleros y sustituirlos por declaraciones responsables, para que las personas que quieran establecer una actividad de este tipo puedan empezar a ejecutar las obras e instalaciones necesarias sin esperar los seis, ocho o más de 12 meses que hoy día puede llegar a tardar la obtención de la autorización.

Con este objetivo ha registrado el diputado Patricio Gómez una moción que "de aprobarse, permitiría que las personas que quieran establecer una actividad de hostelería puedan iniciar las obras de acondicionamiento y las instalaciones pertinentes en el mismo momento de la presentación de la documentación", aunque "la Administración seguiría teniendo control a posteriori y, en todo caso, la potestad disciplinaria correspondiente".

Gómez ha recordado que "con más de 12.000 actividades que dan trabajo a más de 40.000 personas, la hostelería es en la actualidad uno de los sectores con más dinamismo de la Región" y que "además está sirviendo como actividad refugio a muchísimas familias que se han visto afectadas por la crisis y el paro".

Asimismo, el diputado 'popular' ha señalado que "cada año se tramitan en la Región de Murcia más de 500 expedientes para la apertura de cafeterías, bares, heladerías, restaurantes, salones de celebraciones y otras actividades de hostelería y restauración".

"Sin embargo", ha apuntado, "la reglamentación actual obliga a estas personas que adquieren un local para montar una de estas actividades -bien en alquiler o compra- a presentar una documentación en el ayuntamiento correspondiente y esperar varios meses hasta tener autorización para poder empezar a ejecutar las obras e instalaciones necesarias".

"Una larga espera -ha proseguido- que hace que la situación resulte imposible para numerosas familias, generalmente modestas, que se ven incapaces de hacer frente a los costes financieros o de alquiler de un local sin poder iniciar su negocio".

En este sentido, Patricio Gómez ha asegurado que las cargas administrativas "constituyen, por tanto, un obstáculo que no es necesario ni proporcionado y cuyos objetivos pueden alcanzarse mediante procedimientos de control que no retrasen ni paralicen el desarrollo de la actividad".

Por esta razón, Gómez ha indicado que "desde el GPP creemos que, tal como se hizo con las medidas de liberalización del comercio, con la elaboración de la Ley 12/2012, debería sustituirse la actual Licencia de Apertura de una actividad, por una Declaración Responsable, con el contenido de proyectos, certificados u otros documentos suscritos por técnico competente, que requiera cada ayuntamiento de acuerdo con sus ordenanzas municipales".