El Proyecto de Ley establece que para recurrir debe volver a solicitar la concesión de Justicia Gratuita, además de limitar el número de expedientes por solicitante al año, salvo causas muy justificadas
Representantes del mundo de la judicatura y la abogacía han criticado algunos aspectos de la reforma que pretende introducir el Gobierno en materia de Justicia Gratuita y que, consideran, puede limitar el acceso de los ciudadanos a los tribunales.
En la mesa redonda, organizada por el Colegio de Abogados de Murcia, bajo el título "El modelo de Justicia Gratuita actual y su reforma", han intervenidoel decano del Colegio, Francisco Martínez-Escribano, el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, Francisco Javier Lara Peláez, el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco Guevara, el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita de Murcia, José Francisco Sánchez Lucerga, el Abogado del Estado, Juan Ramón Calero Rodríguez, la Secretaria Judicial, María del Mar González Romero, y Pedro Rivera, Coordinador de la Comisión del Turno de Oficio y Justicia Gratuita del Colegio de Abogados de Murcia.
Todos ellos han coincidido en señalar que la Justicia Gratuita es un servicio público esencial, la última garantía de defensa de los más vulnerables, y que gracias a los abogados y a los colegios funciona con eficiencia y eficacia, lo que garantiza el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
Entre los cambios que incorpora el proyecto de ley destaca que para recurrir el ciudadano debe volver a solicitar la concesión de Justicia Gratuita, además de limitarle el número de expedientes al año que puede defender ante los tribunales, salvo causas muy justificadas.
También prevé la eliminación de la residencia del letrado en el partido judicial para poder entrar en el turno de oficio, lo que ha sido cuestionado por no ser muy operativo, ya que abogados y clientes con pocos medios tendrían que trasladarse a otras localidades para preparar juicios o presentar documentación.
Las tasas judiciales han centrado parte del debate, pues consideran que no van a servir para financiar la Justicia Gratuita y que lo único que están consiguiendo es obstaculizar o impedir el libre acceso de los ciudadanos a la Justicia. Francisco Martínez-Escribano ha señalado que "la Justicia Gratuita, que apenas representa un seis por ciento del total del gasto en Justicia en España, se debe financiar con los Presupuestos Generales del Estado y no con un repago disuasorio e injusto". Y ha ido más allá señalando que tampoco es un problema de dinero, pues el gasto en Justicia Gratuita lleva años seguidos descendiendo, a pesar de que los legisladores han aumentado año tras año los asuntos que caben bajo ese paraguas".
Otro de los aspectos que han suscitado las críticas es la reducción de la financiación y de las retribuciones que cobran los abogados por defender estos casos, y que actualmente apenas suponen el 10 por ciento de la tarifa vigente para casos similares en cualquier despacho de abogados.