El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro manifestó que, analizado el informe del Tribunal de Cuentas relativo a los años 2010-2011 se evidencia que la CARM suspende clamorosamente en materia social, económica, contable y administrativa.

Esta mañana ha comparecido en sesión informativa el interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro Gutiérrez, por delegación del consejero de Economía y Hacienda, para informar sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

Navarro señaló que el interventor ha intentado justificar el informe negativo que hace el Tribunal de Cuentas, pero la evidencia es que durante esos dos años la Administración regional no hizo los deberes. "Estamos ante un informe tremendamente negativo que pone en tela de juicio la calidad de los servicios públicos y la calidad de la propia Administración regional".

Durante la comparecencia del interventor general de la CARM se ha hablado de los graves problemas que detecta el Tribunal de Cuentas en relación con la rendición de cuentas, por ausencia y retraso de determinadas empresas, fundaciones o consorcios. Deja claro, asimismo, que el control no ha llegado a todas las administraciones públicas y no se han arbitrado medidas para solucionar el tema.

El Tribunal de Cuentas refleja también importantes irregularidades en los procesos de contratación pública. Alfonso Navarro indicó que del mismo modo, en lo que concierne a las subvenciones y transferencias dice este organismo que en la mayor parte no se acreditan las razones de carácter público, social, económico o humanitario que justifiquen la adjudicación directa de esas subvenciones.

Respecto al aval del aeropuerto que cuesta a los murcianos 200 millones de euros, el Tribunal de Cuentas manifiesta que su concesión ha supuesto una alteración sustancial de las condiciones públicas de la licitación de dicho aeropuerto, puesto que no aparecía esa condición en el pliego de condiciones con el que concursaron las diferentes empresas a esta obra.

En cuanto a la contratación pública, Alfonso Navarro añadió que queda clara que la justificación deficiente de la ejecución de determinados contratos o los pliegos de clausulas administrativas que se publicaron son incompatibles en muchos casos con los principios de publicidad y transparencia.

"Resulta curioso en este ámbito que las demoras en la ejecución de determinados contratos se produzca en obras que fueron adjudicadas precisamente en base a una reducción de los plazos de ejecución", comentó.

El Grupo Parlamentario Socialista plantea la necesidad de que comparezca el consejero en esta Comisión parlamentaria para dar respuestas a cuestiones a las que el interventor general, alegando su condición técnica, no ha contestado.