La Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha ordenado una nueva subida de las tarifas de la concesión MUR-093, Murcia y cercanías, así como la concesión MUR-092, Valle de Ricote-Playas del Mar Mayor y Menor, ambas del grupo LatBus. La Secretaria de Movilidad e Infraestructuras del Partido Socialista en la Región, María José Lajarín, ha anunciado esta mañana que "ante esta nueva subida de precios, los socialistas hemos decidido que no estamos dispuestos a consentir que se siga atentando contra el transporte público y contra los bolsillos de los ciudadanos haciéndoles pagar una tarifa excesiva e injusta; de hecho es ya la más cara de España".

Por ello, el PSRM va a recurrir la Orden del 8 de mayo que da luz verde a este nuevo tarifazo y acudirán, si es preciso, a la justicia: "Debemos poner freno al descontrol y a la pésima gestión que está haciendo en este tema el Gobierno Regional y restablecer las leyes que creemos se están vulnerando en perjuicio de los ciudadanos", ha indicado Lajarín en rueda de prensa junto al diputado regional, Joaquín López Pagán, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro López.

"Desde el año 2011, las tarifas se han subido casi un 50%, los servicios y horarios se han recortado un 40%, dejando sin ningún servicio a algunas pedanías y áreas metropolitanas. Esto ha empobrecido más a los ciudadanos que no tienen otro medio de transporte y ha contribuido a expulsar del transporte público al 35% de los usuarios aproximadamente, pérdida mucho mayor que la media del resto de España, pese a que Murcia, por ejemplo, es una de las ciudades más congestionadas de tráfico de Europa", ha explicado María José Lajarín.

"Cada vez que publican alguna subida de tarifas se inventan nombres rimbombantes como Sistema Tarifario Simplificado o Sistema Tarifario Eficiente para justificar la injustificable; no hay argumentos que justifiquen que nos hagan pagar mas por tener peores servicios", ha añadido.

Los socialistas presentarán el recurso por dos motivos: en primer lugar por respeto a los ciudadanos concienciados en los beneficios del transporte público y en la protección del medio ambiente y la salud y; especialmente, pensando en los vecinos de pedanías y área metropolitana de Murcia que, cautivos del autobús, están siendo utilizados para hacer caja".

"En segundo lugar ha concluido Lajarín- porque creemos que se están vulnerando varias normas, tanto Europeas como nacionales y regionales, que suponen un perjuicio para el viajero, para las arcas públicas regionales que, no podemos olvidar, son de todos, y porque no se pueden utilizar los contratos-programa para convalidar administrativamente situaciones que la ley no permite".