La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha reclamado hoy ante el Pleno de la Asamblea Regional que se constituya una Comisión Especial que analice el desarrollo, evolución y aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Partido Popular se ha opuesto con sus votos en contra.
Rosique explicó que la Ley de Dependencia, promovida por un Gobierno socialista y aprobada en 2006 por el Congreso de los Diputados, tenía como objetivo dar respuesta a una de las grandes asignaturas pendientes del Estado del Bienestar, como era la atención a las personas en situación de dependencia.
"Esta Ley supuso un avance extraordinario en derechos sociales, y ahora tanto el Gobierno de Rajoy como el Gobierno regional la están desmantelando".
La diputada denunció que desde que Rajoy llegó a Moncloa los recortes en materia de dependencia han sido imparables, a los que se añaden otros recortes adicionales que el Gobierno regional ha venido aplicando a los dependientes en nuestra Región.
"El Gobierno regional se ha mostrado insaciable en esta carrera de desmantelamiento de la Ley de Dependencia, no conformándose con promover leyes regionales que recortan las prestaciones, incrementan el copago o ponen requisitos inasumibles para poder acceder a las ayudas; además incumplen sus propias leyes, haciendo aún más insostenible esta injusta situación".
En la Región de Murcia alrededor de 12.000 tienen reconocido ya un grado protegible y, por lo tanto, derecho a prestaciones y ayudas, y no las están recibiendo.
Más de 3.000 personas llevan más de dos años y medio esperando esas ayudas o servicios sin que el Gobierno regional se los haya concedido todavía, según ha declarado el propio IMAS, en un reconocimiento claro de los incumplimientos de sus propias leyes.
Rosique considera falso el discurso del Gobierno regional, "que para justificar el frenazo en seco que han dado a las ayudas económicas en el entorno familiar, dice que hay que primar los servicios, cuando no existen en nuestra Comunidad Autónoma medios suficientes para dar respuesta a las casi 12.000 personas que tienen ya derecho reconocido a prestación y se les está negando".
Esta situación, agregó la diputada, está perjudicando enormemente a las personas dependientes, a lo que hay que sumar los errores que el IMAS ha cometido en el cálculo de la capacidad económica de las personas en situación de dependencia, asignándoles a muchos dependientes más capacidad económica de la que realmente tienen. "Ahora se niegan a corregir de oficio dichos errores, a pesar de ser consciente de los mismos y del perjuicio que ello está ocasionando a los dependientes".
El Grupo Parlamentario Socialista considera "del todo inaceptable el frenazo que el Gobierno regional está dando a la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad Autónoma".
Rosique recordó que el PSOE viene denunciando, de manera reiterada, el grave retroceso que la Ley de Dependencia está sufriendo en nuestra Región, conscientes de la indefensión que sufren las miles de personas en situación de dependencia a las que el Gobierno regional les está negando unos derechos que la ley les otorga. "Por ello, creemos necesario que se ponga en marcha una Comisión Especial que analice el desarrollo, evolución y aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".