El responsable de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Abellán lamentó que la mayoría absoluta del PP en la Comisión de Competencia Legislativa haya vetado la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), a pesar de contar con un único informe jurídico del Servicio de Asesoramiento a entidades locales, de la Dirección General de Administración Local.

En este documento se concluye, entre otras cosas, que "las disposiciones transitorias cuarta y undécima, reguladoras respectivamente de la disolución de entidades de ámbito territorial inferior al municipio y de las mancomunidades y su disolución, podrían ser constitutivas de una infracción del sistema competencial constitucional, por entender que el legislador estatal se habría excedido de fijar bases conforme al artículo 149-1.18CE".

Asimismo, dejaría dudas razonables respecto a la vulneración del principio de autonomía local de los artículos 137 y 140 de la Constitución española y respecto de la regulación de los consorcios de la CARM.

En base a esto, el diputado socialista considera que existen bases jurídicas y políticas para aprovechar la oportunidad de recurrir la Ley y obtener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que genere tranquilidad y seguridad jurídica a las autonomías y a los ayuntamientos. De hecho, van a ser más de 2.000 ayuntamientos y varias CCAA las que presenten dicho recurso. "Lamentamos que ni el presidente Valcárcel haya tenido la iniciativa de pedir otros informes complementarios al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, a la Universidad, así como a cualquier otra institución que emitiera una opinión fundada en derecho como elemento de juicio para sopesar la decisión con un mayor punto de vista".

Abellán echó en falta, igualmente, la opinión de la Federación de Municipios de la Región de Murcia para saber qué piensan los alcaldes de esta Región sobre el citado texto legal.