El concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Tornel, ha advertido hoy de la posible ilegalidad de la subida de las tarifas del agua que el Consejo de Administración de la empresa mixta Emuasa aprobó el pasado 3 de marzo.

Tornel ha indicado que el aumento de las tarifas no tiene sentido ya que Emuasa, que consta como empresa de titularidad pública puesto que el 51 por ciento es municipal, superó en 2013 los 4,7 millones de euros de beneficios, más de un millón respecto al año anterior.

El edil ha expuesto un escrito de la interventora municipal en respuesta a un ruego formulado por IU-Verdes en el Pleno de febrero, en el que ésta confirma que no se ha emitido el preceptivo informe fiscalizador municipal sobre la propuesta de incremento de tarifas.

A esto, Tornel ha añadido el "riesgo de prevaricación" que se desprende de la ausencia de dicho informe de intervención.

También ha denunciado que este mediodía el Consejo de Emuasa presenta las cuentas correspondientes a 2013 sin haber recibido un informe fiscalizador de las cuentas presentadas por la parte privada de la empresa.

De hecho, Tornel ha indicado que pedirá a la interventora que se manifieste a este respecto, con el fin de tener "las máximas garantías" de que los representantes del equipo de Gobierno en el Consejo no estén cometiendo una irregularidad.

Asimismo, el concejal de IU-Verdes ha alertado de la "posible ilegalidad" al alcalde, Miguel Ángel Cámara, y al Consejo de Administración de Emuasa, con motivo tanto de la subida de tarifas como de la presentación de las cuentas de 2013.

Ha recordado que la decisión de aprobar la subida de tarifas por parte de la Junta de Gobierno municipal puede quedar anulada en virtud de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, al carecer del informe fiscalizador.

También ha anunciado que no firmará las cuentas de 2013 si no se aclara la "posible ilegalidad", y ha señalado que la aprobación de las mismas puede retrasarse hasta clarificarse este extremo, puesto que el plazo es de seis meses desde el comienzo del año.

"La Administración pública tiene que cumplir la ley y proteger el derecho de los ciudadanos a unos servicios públicos transparentes", ha añadido Tornel, tras anunciar que a esta protesta sobre la posible ilegalidad de la subida del agua también se ha unido el grupo municipal Socialista.