La responsable de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Esther Clavero ha defendido esta mañana una moción en la que solicitaba al Gobierno de la Nación el rechazo a la reforma de la Ley del aborto de Gallardón por suponer "un atentado a los derechos y libertad de las mujeres".

Esther Clavero explicó que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

En su texto se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.

Además, esa Ley reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como distintos pronunciamientos en forma de conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

"Creemos que no tiene ningún sentido retirar la ley vigente; primero, porque contiene un capítulo sobre prevención que no contiene la nueva, porque tampoco contiene ningún apartado sobre educación de salud sexual y reproductiva y carece del consenso social necesario".

En opinión de la diputada socialista esta reforma representaría "un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectaría a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias".

Además, suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado solo en los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a esta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se elimina también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.

Clavero aseguró que esta norma situará a España como una excepción en toda Europa, después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.

La diputada argumentó finalmente que esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, al tiempo que ha motivado la aparición de declaraciones de miembros del propio Partido Popular, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde solo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.