La Unión Sindical Obrera -USO- de la Región Murciana, considera que los incentivos a la contratación y fiscales anunciados por el Presidente del Gobierno en el reciente debate sobre el estado de la Nación, constituyen un elemento cargado de buenas intenciones y de un tufillo electoralista de efectividad real, por lo que se siguen dando "palos de ciego" al empleo.

Para la USO, que se intente fomentar la contratación indefinida, es una buena noticia al igual que se aligere la carga fiscal sobre las familias más modestas. Ahora bien, entrando en un estudio más profundo de las medidas emprendidas, existen datos sobre nuestra situación económica que nos hace deducir que su eficacia real va a ser muy limitada.

La llamada "tarifa plana" de 100€ en cotizaciones a la seguridad social para nuevos empleos de carácter indefinido presenta serios inconvenientes: los empresarios no van a contratar por el hecho de que sea más barato, si no tienen una necesidad real de crear empleo fruto de un incremento de su actividad, esto es, de aumentos de la demanda.

Los datos conocidos en el día de ayer, del incremento del PIB en el último trimestre de una décima menos de lo esperado y de descenso del 1,2% en el 2.013, explican que la demanda interna no acaba de acelerar y va a ser muy difícil que con esa atonía se vaya a producir un incremento significativo de la contratación por una rebaja en las cotizaciones.

Por otro lado, la picaresca puede hacer que los empresarios quieran beneficiarse de dicha tarifa plana y reduzcan jornada a los trabajadores con tiempo completo para generar un nuevo puesto a tarifa plana. Por ello, desde la USO proponemos al Gobierno que la regulación de dicha tarifa contemple como método de cómputo de generación de empleo indefinido el número de horas trabajadas en lugar que el número de empleos.

Por otro lado, la USO alerta, de que el incentivo a la contratación minora a corto plazo los ingresos del sistema de la Seguridad Social, hecho que parece no muy conveniente para las cuentas y sostenibilidad de los servicios públicos de calidad, en un momento que los cotizantes están en su mínima expresión.