El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, al Anteproyecto de modificación de la Ley de Autoridad Docente para que también sea de aplicación a los maestros y profesores extranjeros que ejercen en la Región, en virtud del acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Comunidad y Administración General del Estado.

Esta ampliación será enviada al Consejo Escolar y al Consejo Jurídico, para su posterior remisión a la Asamblea regional.

El objetivo de la norma es reforzar el papel social del docente ante la comunidad educativa y hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, y establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución.

La norma establece el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario.