La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide al Gobierno regional que reclame al Gobierno de Rajoy que ponga en marcha medidas para combatir la pobreza energética.

En la moción, Teresa Rosique argumenta que en España una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de la pobreza, de los cuales 3 millones son menores de edad. En la Región de Murcia son una de cada tres, las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social. En opinión de la diputada, "una realidad insoportable, que puede ser calificada sin dudar de emergencia nacional y regional y que exige la implicación de todas las fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales".

El Partido Socialista ha propuesto un gran compromiso contra la pobreza y la exclusión en España y en la Región de Murcia, cuyo objetivo es poner fin a esta dramática realidad, y a la que aspira a convocar al conjunto de poderes públicos (estatal, regionales y locales), así como las organizaciones sociales agrupadas en torno al llamado Tercer Sector.

Hogares incapaces de pagar

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de sus viviendas.

Aunque pueda parecer un término ajeno a sociedades desarrolladas, por desgracia, la pobreza energética es un problema cada vez más presente en sociedades como la nuestra. En 2010, España contaba con un 10 % de la población que sufría este problema; "cifra que, con toda probabilidad, habrá aumentado desde entonces, dado el agravamiento de la crisis económica". Esto ha sido denunciado por organizaciones como Cruz Roja y Cáritas, que han alertado sobre el alarmante ascenso de la pobreza energética en nuestro país.

El fenómeno de la pobreza energética se sufre tanto en las ciudades como en el mundo rural. Diversos estudios señalan como fuentes de este tipo de pobreza: los ingresos familiares, los costes de la energía y la eficiencia o ineficiencia energética de la vivienda.

Teresa Rosique indicó que "sin duda, la crisis económica ha reducido la renta familiar para hacer frente a los gastos más elementales como la luz y la calefacción del hogar". Junto a la crisis, el deficiente sistema energético español provoca que los españoles paguen por el consumo doméstico de electricidad un 28 % más de coste del kilovatio/ hora que la media europea.

Existen problemas estructurales que afectan decisivamente al alza de los precios energéticos, el principal, el cambio climático y la dependencia energética de España (el 78 % de nuestras fuentes energéticas, en su mayoría combustibles fósiles, provienen de países extranjeros). El hecho de que un porcentaje importante del parque español de viviendas sea ineficiente desde el punto de vista energético, agudiza el riesgo de pobreza energética, más aún en un contexto como el actual de crisis económica y alto desempleo.

España ha transpuesto, mediante el Real Decreto-ley 12/2012, de 20 de marzo, las Directivas europeas 2009/72/CE y 2009/73/CE, del mercado interior de electricidad y gas, en las que la Unión Europea plantea, precisamente, desarrollar una política energética, entre otras cosas, bajo el enfoque de la pobreza energética. No obstante, esta transposición no puede decirse que se haya realizado de forma completa.

Por ello en la moción del Grupo Parlamentario Socialista se reclaman las siguientes actuaciones:

1. La transposición, íntegra y adecuada de las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, del mercado interior de electricidad y gas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española.

2. Contemplar una partida presupuestaria específica, suficientemente dotada, para combatir la pobreza energética en España.

3. Aprobar, en el plazo de tres meses, una estrategia para la erradicación de la pobreza energética, en la que involucre a las empresas energéticas, con medidas a desarrollar tanto en la ciudad como en el mundo rural.

Revisar la actual y nociva política energética del Ejecutivo impulsando el sector de las energías renovables.

— Priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares.

Incorporar criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica, que se viene traduciendo en aumentos de la factura eléctrica de los hogares.

— Mantener el bono social en el medio plazo, y extenderlo a otro tipo de energía doméstica como el gas natural y el gas embotellado (butano).

— Y, finalmente, articular medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las épocas de frío y calor intenso, cuando más lo necesitan. En esta Estrategia el Gobierno deberá involucrarse a las empresas energéticas.