El responsable de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Soler, ha debatido hoy una moción en la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea en la que pide al Consejo de Gobierno que negocie un convenio de colaboración en el que participen la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de la Región, a fin de que contemple la coordinación de los Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil y Policía Municipal, con el objetivo de incrementar la presencia policial en las zonas rurales y conseguir mayor eficacia contra los robos.

Durante la Comisión los tres grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo para hacer efectiva la petición del Grupo Parlamentario Socialista.

Soler indicó que son muchos los robos que se vienen produciendo en el campo murciano, por lo que las Organizaciones Profesionales Agrarias y cooperativas han solicitado en numerosas ocasiones que se coordine e intensifique la vigilancia en las zonas rurales, a fin de conseguir una reducción de este tipo de hurtos tan perjudiciales para los agricultores y ganaderos de nuestra Región.

En opinión del diputado socialista, "no es serio que los propietarios de las explotaciones agrícolas y ganaderas tengan que hacerse cargo de su propia seguridad privada para combatir los robos y realizar inversiones en instalaciones de alarmas para ahuyentar a los ladrones, para poder suscribir las pólizas de seguros, ya que las compañías exigen este tipo de instalaciones para realizar el seguro contra robos".

Las principales denuncias de los agricultores son las relativas al robo de motores para elevación de aguas, cableado de cobre, maquinaria agrícola y aperos de labranza, gasoil, plantones para realizar nuevas plantaciones y productos agroalimentarios cuando estos escasean en los mercados y tienen alta cotización.

El sector primario regional es uno de los más importantes a nivel económico y social; está siendo capaz de mantener los empleos y crecer en sus exportaciones en situaciones tan difíciles como la que actualmente atravesamos.

Manuel Soler exigió que se atiendan las peticiones de los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias; y para ello, es necesario que exista una coordinación entre Guardia Civil y Policía Municipal que garantice un mayor control en las explotaciones agropecuarias.