En 2013 la cuantía máxima de la controversia que trata la citada Junta se eleva de 6.000 a 15.000 euros

La Junta Arbitral de Transporte resolvió durante este ejercicio un total de 564 reclamaciones, de las que 430 expedientes han acabado por dictado del laudo arbitral, y 134 por desistimientos o por falta de competencia de la citada junta.

El director general de Transportes y Puertos, Antonio Sánchez-Solís, recordó que esta unidad administrativa, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, es la encargada de resolver reclamaciones e intervenir en conflictos de contenido económico que tengan su origen en los transportes terrestres, incluidos los urbanos y los interurbanos, así como el transporte de mercancías y de viajeros.

Dentro del ámbito de competencia de la Junta Arbitral se encuentran tanto los transportes internos como los internacionales. También es competente cuando el transporte es intermodal, es decir, cuando confluye el transporte terrestre con otro u otros tipos de transporte, por ejemplo el marítimo o aéreo.

En cuanto a la naturaleza de los expedientes arbitrales tratados este año, la mayoría de ellos tienen su origen en el transporte de mercancías por carretera. Dentro de este ámbito, la causa mayoritaria de reclamación es el impago de portes, seguido muy de lejos en número por los daños en las mercancías durante el transporte.

Mucha menor importancia cuantitativa tienen las reclamaciones originadas por el transporte terrestre de viajeros, en las que las causas de reclamación más numerosas son el extravío de equipajes y el incumplimiento de horarios.

Como novedad en este ejercicio, el director señaló que, tras la promulgación de la nueva Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, la Ley 9/2013, de 4 de julio, "la cuantía máxima de la controversia que trata la citada Junta se eleva de 6.000 a 15.000 euros".

"Esta ampliación del ámbito de competencia de la Junta es una clara apuesta por este sistema de resolución de conflictos en materia de transportes, ya que es rápido, sencillo y económico, en tanto en cuanto descongestiona la administración de justicia", señaló Antonio Sánchez-Solís.

Además, el director subrayó que, durante este ejercicio, se han reducido razonablemente los tiempos de resolución de expedientes. "Seguiremos trabajando para acortar al máximo posible el periodo de respuesta a las reclamaciones planteadas ante la Junta, con objeto de que los profesionales y usuarios del transporte y de sus actividades auxiliares y complementarias vean solucionadas en el mínimo plazo posible las cuestiones que plantean ante este órgano", explicó Sánchez-Solís.