La Consejería de Educación, Universidades y Empleo y los ayuntamientos de Cehegín, Los Alcázares, Mula, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco y Totana suscribieron hoy convenios para intercambiar información y "poner cerco a la economía sumergida", destacó el consejero Pedro Antonio Sánchez.

El acuerdo supone el envío por parte de las corporaciones locales de información de interés sobre el municipio, lo que unido a la que tiene la Consejería y la que proporcionan las consejerías de Economía y Hacienda y la de Industria, Empresa e Innovación permite detectar posibles casos de actividad económica no declarada al cruzar todos los datos. Estos indicios son remitidos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pudiendo detectarse actividades de economía sumergida.

El consejero de Educación, Universidades y Empleo indicó al respecto que "el trabajo conjunto entre administraciones ayuda a localizar la huella de la economía irregular; la huella de vulneración de los derechos de los trabajadores. Todos tenemos que unirnos en esta labor para luchar contra los efectos nocivos en la sociedad que tiene la economía sumergida".

"Esta unión de fuerzas, en la que también están implicadas la patronal y los sindicatos, no tiene un fin sancionador en sí mismo, sino poner las medidas disuasorias para evitar las actividades económicas al margen de la ley", añadió el titular de Empleo.

Además de la vulneración de los derechos de los trabajadores que supone las actividades económicas sumergidas -como no generar derechos para futuras prestaciones o saltarse las medidas de seguridad y salud en el trabajo-, también supone una competencia desleal del que la practica para con el que cumple las normas. "La economía irregular es un fraude al conjunto de la sociedad y desde las administraciones tenemos que poner las medidas para evitar que esto ocurra", concluyó Pedro Antonio Sánchez.

Con la adhesión a este convenio de Cehegín, Los Alcázares, Mula, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco y Totana, ya son 11 las corporaciones locales que se unen a la Consejería de Educación, Universidades y Empleo para luchar contra la economía sumergida, tras haberlo hecho anteriormente Alhama de Murcia, Jumilla, Mazarrón, San Javier y Cieza.