"El PP regional vende la moto sobre una ley, la de reforma de la administración local, regresiva, que ataca de forma directa a la autonomía local. Es una agresión sin precedentes a los ayuntamientos, fundamentalmente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, a los que deja prácticamente sin competencias. Es una ley que abre la puerta a la privatización de los servicios básicos que prestan las administraciones locales, quizá por eso el Partido Popular la defiende tanto". Así ha respondido Jesús Navarro, secretario de Política Municipal del PSRM y alcalde de Calasparra, a las declaraciones de los populares de la región en defensa de la reforma local.
Navarro ha recordado al PP regional que se trata de una ley que ha aprobado sólo el PP, con el voto en contra del resto de los grupos del arco parlamentario: "En contra de lo que dice el PP, se ha aprobado esta ley sin consenso e incluso con rechazo algunas comunidades gobernadas por el propio PP, como Castilla La Mancha o Madrid", ha explicado el alcalde socialista.
El secretario de Política Municipal de los socialistas murcianos ha reiterado que se trata de una ley que no soluciona problemas municipales, y ha recordado que, históricamente, los municipios han pedido más competencias y más financiación a través de la Federación de Municipios y que, en cambio, "esta ley va a crear ciudades, municipios y ciudadanos de primera y de segunda con servicios de primera y de segunda. Las ciudades de más de 20.000 habitantes serán ciudades de primera y las que cuenten con menos de 20.000, con esta ley no van a poder prestar servicios esenciales que se vienen prestando desde la administración local, como es el caso de las escuelas infantiles, las escuelas de música, las escuelas deportivas o los servicios sociales básicos. Esta ley aleja a los administrados de los administradores, y cede esos servicios básicos a las diputaciones o, en su defecto, a las empresas privadas".
Navarro ha indicado que, en la reciente asamblea de alcaldes, celebrada en Madrid, se firmó el compromiso de derogar la ley, en el caso de que el PP pierda su mayoría absoluta o no gobierne. Lo que se pretende es promover una ley consensuada que atienda a las verdaderas demandas y necesidades que los municipios han hecho estos últimos años a través de la Federación.
"Lejos de la intención del Partido Popular, lo que necesitan los municipios es una ley que avance hacia una segunda descentralización, dotando a los ayuntamientos de más financiación. Lo contrario es esta ley que propugna un déficit democrático, ya que la gestión de los servicios públicos va a recaer en las diputaciones que son órganos no elegidos democráticamente y que no rinden cuentas cada cuatro años", ha concluido.