Región

CCOO lamenta la "insensibilidad" de la Sala de lo Social en la sentencia de Onda Regional

La sentencia considera ajustados a derecho los 28 despidos, "a pesar de que se acreditó de manera irrefutable que se trata de un ERE político, injusto e injustificable"

Ante la sentencia que considera ajustados a derecho los 28 despidos del ERE practicado en Radiotelevisión Región de Murcia, CCOO Región de Murcia lamenta profundamente que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia haya mostrado tal indiferencia ante todas las argumentaciones que, mediante las pruebas testificales, documentales y periciales se han aportado para demostrar -y así demuestran- que se trata de un ERE político, injusto e injustificable.

Nos consterna y preocupa también la poca sensibilidad social demostrada por la Sala de TSJ de Murcia que debe entender, precisamente, de lo Social, y la miopía que ha mantenido frente al deterioro y destrucción del servicio público informativo, enmarcado en la serie de agresiones que sufren todos los servicios públicos, incluida la Justicia. Avalar el procedimiento empleado en Onda Regional de Murcia y RTRM significa poner en peligro todos los puestos de trabajo laborales o de empresas públicas regionales, que podrían extinguirse fácilmente con la simple minoración de los presupuestos de la CARM.Conminamos al Gobierno Regional a que, por sentido democrático y por respeto a los ciudadanos que mantienen los servicios públicos, al propio servicio público y a los trabajadores que lo desarrollan, desista de esta política y deje de erosionar servicios que constituyen el patrimonio de toda la ciudadanía y que no toleran ya más manoseos y recortes.

Igualmente, Comisiones Obreras desea expresar su estupor y profundo dolor al haber conocido que algún medio de comunicación ha dificultado u obviado la información relativa a la situación de Onda Regional de Murcia y RTRM. Animamos a los trabajadores y trabajadores que sufren esas limitaciones inaceptables en su quehacer periodístico a solidarizarse, sin olvidar que también sus puestos de trabajo y sus derechos laborales y profesionales están en peligro por estas políticas y actitudes, ilegítimas en una sociedad democrática.

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