Menos plantilla de profesorado, mas grupos masificados, menos desdobles, financiación insuficiente de los centros educativos, desaparición del programa PROA, nuevos recortes salariales,… es el panorama con que los centros educativos de la región abordan este principio de curso.

La continuidad de los recortes aprobados en cursos anteriores profundiza el deterioro de los centros educativos, que aún no han recibido las partidas de gastos de funcionamiento de este año ni las cantidades dejadas a deber de los dos años anteriores.

Esta precariedad de medios para el funcionamiento ordinario de los centros se ve agravada por una nueva disminución de las plantillas docentes (encubierta en cuanto al número de maestros y profesores por la proliferación de jornadas a tiempo parcial) y que tiene su expresión más descarnada en que a día de hoy todavía hay 98 funcionarios de carrera de los cuerpos de profesores (de 17 distintas especialidades) que no tienen destino asignado para este curso como consecuencia del recorte de plantillas.

La Consejería ha vuelto a primar criterios economicistas sobre los de calidad educativa y ha suprimido decenas de desdobles (que se aplicaban a grupos muy numerosos) dando lugar a un notable aumento de la cantidad de aulas masificadas (con hasta 27 alumnos/as en educación infantil, incluyendo acnees).

Por otra parte se suprimen programas educativos, dirigidos al alumnado con dificultades y a reforzar las materias troncales, que habían merecido la valoración positiva de toda la comunidad escolar, cual es el caso del programa PROA, en tanto se apuesta por políticas de escaparate como los 25 grupos, en toda la región, incorporados al programa Enseñanza XXI.

Todo lo anterior se produce en un contexto de disminución sistemática en los tres últimos años del presupuesto regional de Educación, y de disminución de las partidas para becas, ayudas para la adquisición de libros o para el uso del transporte escolar o los comedores escolares. Medidas todas ellas que afectan de manera especial a los sectores sociales más débiles y golpeados por la crisis económica.

Si, según el Consejo Escolar Regional, tras el curso 2009/2010 se evidenciaba la necesidad de aumentar el presupuesto educativo para poder afrontar la situación escolar regional, ¿cuál es la situación, cuando después de tres cursos, no solo no se ha producido ese aumento necesario sino que cada año se ha reducido significativamente el presupuesto?. La respuesta se hace obvia: la precarización del sistema educativo regional, que solo a base de un sobreesfuerzo y de un gran compromiso de sus profesionales consigue sacar adelante sus objetivos.

Entre tanto, y como mala respuesta al compromiso e implicación de los profesionales, la Consejería sigue sin sustituir al profesorado en baja por incapacidad temporal hasta que no ha faltado diez días lectivos, lo que ha provocado que en el día de comienzo de clases (y durante toda esta semana) cientos de niños y niñas no tengan a su maestro o maestra.

En el plano laboral todo el personal docente y no docente de la escuela regional (pública y privada concertada) va a ser objeto de un recorte salarial equivalente al 3% de sus retribuciones anuales; y, en la escuela pública, se ve sometido a una penalización económica cada vez que enferma o sufre un accidente.

Simultáneamente asistimos al espectáculo lamentable de un proceso de matriculación en el que desde la administración se desvía alumnado, cuyas familias han solicitado la escolarización en centros públicos, a centros concertados (tal como ha sucedido entre otros lugares en Águilas, Mula, Torreagüera o Santomera).

Y todo ello mientras el Consejero publicita datos trucados en cuanto a plantillas y porcentajes de escolarización en las redes escolares.

Desde CCOO, reafirmamos nuestro compromiso con la escuela pública y volvemos a hacer un llamamiento al diálogo, a la búsqueda de consensos a favor de un sistema público educativo con recursos suficientes, al abandono de las políticas de penalización de los profesionales de la enseñanza y al esfuerzo común para mejorar una situación escolar regional que debe dejar de ser objeto de las políticas de ajuste y convertirse en un elemento clave para la salida de la crisis.