El Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, una vez que ha recibido el informe favorable de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Esta normativa modifica el régimen del sector eléctrico y, específicamente, el de las energías renovables.

El Gobierno murciano ha tomado esta decisión con el fin de defender los intereses de los miles de inversores a los que afectará esta nueva regulación. Para ello, se basa en el informe realizado por la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, en cuya elaboración se han tenido en cuenta las  graves repercusiones económicas que tienen tales medidas sobre los inversores en instalaciones de energías renovables, con quienes el Ejecutivo regional mantiene permanente contacto, como en el futuro de este sector empresarial.

Se considera que la nueva normativa del sector eléctrico modifica sustancialmente el régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. Además, incide en el hecho de que la normativa que regula las instalaciones de producción eléctrica mediante fuentes renovables ha sido alterada con carácter retroactivo, lo que ha afectado gravemente a la seguridad jurídica y las legítimas expectativas de los inversores.

El principal argumento del recurso de inconstitucionalidad es la vulneración del principio de seguridad jurídica, al considerar lo "inestable de las regulaciones sobre las primas, ajenas a la planificación existente, su carácter imprevisible y sorpresivo y el grave atentado a la confianza legítima que suponen, cuantificable en un perjuicio de naturaleza económica, pues probablemente ningún ciudadano habría invertido en estas tecnologías de conocer los cambios normativos que le depararían".

En el año 2007 la normativa "incentivaba la inversión a largo plazo en instalaciones de renovables, atrayendo las inversiones, no solo nacionales sino también de numerosos fondos internacionales", que ahora se ven perjudicados.

El recurso también denuncia la vulneración del principio de igualdad, pues esta norma "discrimina negativamente a la producción eléctrica mediante renovables en relación con el resto del sistema de producción de energía eléctrica".

Asimismo, se consideran quebrantados otros principios constitucionales como el de irretroactividad, pues se prevé la posibilidad de que "resulte la obligación de devolver cantidades percibidas por los inversores desde el punto de vista contable", al extenderse los efectos de esta nueva norma "a lo largo de la vida regulatoria de las instalaciones".

Según el informe definitivo, esta norma también habría vulnerado el principio del sometimiento del poder público al ordenamiento jurídico y el de legalidad. En este apartado, el texto del informe señala que, con la aprobación de esta norma, el Estado español estaría vulnerando diversos acuerdos internacionales, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, en el que se establece que los países que lo integran "fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores (extranjeros) realicen inversiones en su territorio".