El responsable de Medio Ambiente del Partido Socialista de la Región de Murcia, Enrique Ayuso, ha informado esta mañana de que la próxima semana el PSOE presentará un recurso al Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas. Ayuso ha manifestado que "es una ley que perjudica a todos y beneficia al interés económico de muy pocos, y pone el litoral al servicio de la especulación".
Ayuso también ha exigido al Partido Popular de la Región de Murcia que explique por qué se ha confeccionado una lista de 12 municipios de forma "arbitraria", que quedan excluidos por ley de la zona de dominio público marítimo terrestre, sin que se hayan explicado los criterios para amnistiar unos núcleos y no otros: "Tampoco comprendemos por qué el PP de la Región no lucha por la solución definitiva a una localidad con los mismos problemas, el poblado de Puntas de Calnegre, cuyos vecinos llevan reclamando alguna solución por parte del Gobierno Regional y que ahora se ven abandonados", ha manifestado Enrique Ayuso.
Para los socialistas la Ley de Costas –que fue aprobada por el Gobierno de Rajoy el pasado mayo- "es un nuevo espaldarazo a la cultura del ladrillo, ya que privatiza el dominio público marítimo terrestre, que está protegido por la Constitución para el interés de unos pocos, algunos muy conocidos". Ayuso ha añadido que "nuestra Constitución protege el litoral y considera bienes de dominio público estatal, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, "que ahora con la nueva legislación pueden pasar con más facilidad a propietarios privados".
"La Ley de Costas va a suponer que buena parte del extenso litoral de la Región de Murcia reduzca su zona protegida de los 100 metros actuales a sólo 20 metros. Estamos matando la gallina de los huevos de oro, si desprotegemos el litoral perjudicamos nuestro patrimonio natural y también ponemos en riesgo nuestro desarrollo económico y turístico", ha señalado Ayuso.
Finalmente, el responsable socialista ha denunciado que la ley se pone en marcha sin que se hayan hecho los mapas de riesgos de zonas inundables lo que, a su juicio, deja claro que "han primado los beneficios particulares sobre los riesgos ambientales".