La diputada regional socialista Teresa Rosique denunció que el Gobierno regional está aprovechando el mes de agosto para comunicar a miles de personas dependientes los nuevos recortes y copagos aprobados por el PP en la Asamblea Regional, "y ocurre que quienes quieran alegar por discrepancias con los datos del IMAS se encuentran con los trabajadores sociales en su mes de vacaciones y la oficina del IMAS colapsada".

Rosique puso de manifiesto que la nueva ley se está aplicando desde el 11 de julio con el recorte de las ayudas económicas, el incremento del copago y el freno a la incorporación de miles de dependientes, lo que demuestra que las comunicaciones se están haciendo con retraso.

"En las comunicaciones que se están enviando se le comunica a los dependientes que reciben ayudas económicas o servicios los nuevos recortes y copagos. En caso de discrepancia, se les indica que se dirijan a su trabajador/a social o a alguna de las oficinas del IMAS. En el primero de los casos, la mayoría de trabajadores están de vacaciones este mes, y, en cuanto al IMAS, existe un atasco considerable como consecuencia del desmantelamiento injustificado de la Oficina para la Dependencia", explicó la diputada.

"Por otro lado les dicen a los dependientes en ese escrito que si sus alegaciones son procedentes, su capacidad económica será modificada al mes siguiente de su nueva capacidad económica.  ¿Significa esto que, si el IMAS ha cometido un error, éste no se subsanará desde la fecha en que se cometió, sino desde que se corrija? De ser así, los dependientes afectados quedarían perjudicados injustamente", añadió.

Según Rosique, el PP ha dado una nueva vuelta de tuerca a las personas dependientes con esta nueva ley aprobada el 29 de junio en la Asamblea Regional. "Es una Ley que afecta tanto a los que reciben servicios o ayudas económicas como a los que todavía no los reciben, y cuyos aspectos fundamentales son el derecho a poder ser atendidos en su entorno familiar, la aplicación del carácter retroactivo de los recortes -denunciada en su día por el entonces Defensor del Pueblo-, o la desaparición del carácter público de los servicios al considerar como deuda la parte que no puedan pagar los dependientes, deuda que se cobrará forman parte del contenido de la misma".

"La ley cambia por completo el espíritu de la ayuda económica en el entorno familiar recogido en la Ley de Dependencia, cuyo objetivo era garantizar la atención de los dependientes en su entorno. Para ello establecen unos requisitos inasumibles para poder acceder a estas ayudas, con el único objetivo de  impedir a miles de personas en situación de dependencia acceder a la misma", subrayó Rosique, que insistió en que "los requisitos inasumibles que exigen al cuidador los justifican con el argumento de que hay que priorizar los servicios y ,por lo tanto, hay que optar por una plaza de residencia o de centro de día si quieren acceder a la Ley de Dependencia".

"Pero estos condicionantes se imponen a pesar de que la Comunidad Autónoma no cuenta con los servicios necesarios para ello. Lo que pretenden en realidad es que los dependientes renuncien o no accedan a las ayudas y prestaciones. Los datos demuestran la falsedad del argumento utilizado por el PP. Desde el 1 de enero de 2012 al 1 de agosto de 2013 hay 501 personas más con servicios,  pero hay 2.811 personas menos con ayudas económicas en entorno familiar y 1.680 personas menos beneficiándose de la Ley de Dependencia", señaló.

Los recortes en las ayudas y el incremento del copago afectan a los 28.180 dependientes que reciben prestaciones según los datos del IMAS a 1 de agosto. Y a los 12.276 dependientes con derecho reconocido pero sin recibir las ayudas se paraliza su incorporación a la Ley de Dependencia.

"Desde el Partido Socialista denunciamos la derogación encubierta e imparable que el PP está realizando a la Ley de Dependencia, privando a miles de personas de unos derechos que tenían garantizados", finalizó la diputada.