La nueva normativa estaría modificando el marco jurídico y alterando con carácter retroactivo las reglas de juego que otorgaban estabilidad y retorno a las inversiones realizadas en renovables

Valcárcel anuncia una ofensiva en la Unión Europea, con reuniones con comisarios, para abordar y trasladar su preocupación por la situación que atraviesa el sector fotovoltaico en España

El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites legales oportunos para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra al Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, para defender los intereses de los miles de inversores a los que afectará esta nueva regulación.

Esta decisión ha sido anunciada durante la reunión que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha mantenido hoy con los principales representantes del sector de las energías renovables en la Región de Murcia. Precisamente, esta semana el jefe del Ejecutivo regional abordó esta cuestión con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

En este encuentro, el presidente Valcárcel anunció que va a iniciar una ofensiva en la Unión Europea, con reuniones con comisarios, para abordar y trasladar su preocupación por la situación que atraviesa este sector.

De igual manera, el jefe del Ejecutivo también les ha adelantado que otras regiones afectadas por esta nueva normativa también se podrían sumar en breve a esta iniciativa del Gobierno murciano y plantear recursos de inconstitucionalidad, tal y como ya lo hicieron en ocasiones anteriores.

Por su parte, al término de la reunión, el consejero de Industria, Empresa e Innovación, José Ballesta, explicó que la interposición del recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se inicia hoy, está fundamentado jurídicamente en el informe técnico que la Consejería ha realizado, y en el que se señala la posible vulneración de diferentes principios constitucionales en la regulación de dicho Real Decreto-Ley.

Según dicho informe, la nueva norma estaría modificando el marco jurídico en el que se han llevado a cabo las inversiones en instalaciones para la producción eléctrica mediante energías renovables, alterando con carácter retroactivo las reglas de juego que otorgaban estabilidad y retorno a las inversiones realizadas en renovables.

Principios constitucionales afectados

Según dicho informe, la nueva norma atenta contra cuatro principios constitucionales fundamentales como son la irretroactividad de las normas, la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legitima en las instituciones.

Respecto la seguridad jurídica y la confianza legítima en las instituciones, el informe señala que "las reglas del juego no se pueden modificar, una vez fijado un escenario para el sector y después de que los pequeños, medianos y grandes inversores hayan llevado a cabo su inversión en base a la regulación imperante en el mismo. Su modificación arbitraria vendría a quebrar en este momento los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que proclama nuestro ordenamiento jurídico básico".

El informe señala igualmente que esta norma perjudica a la producción eléctrica mediante renovables, residuos y cogeneración, en relación con el resto del sistema de producción de energía eléctrica, y atenta por tanto contra el principio de igualdad.

Finalmente, y respecto a la irretroactividad de esta norma, el informe defiende la necesidad de una regulación transitoria, estableciendo que "unas disposiciones normativas como las aquí modificadas, que afectan a condiciones básicas de amortización de instalaciones existentes, deberían haberse cerrado con una serie de disposiciones transitorias" con el fin de facilitar el paso de un régimen retributivo a otro diferente.