La secretaria de Política Social del PSRM, Amparo Marzal, denunció que los nuevos recortes a la Dependencia, aprobados por el Partido Popular en la Propuesta de Ley sobre Medidas en Materia Tributaria, discriminan a las personas dependientes de la Región de Murcia con respecto a las del resto de España.

Con la nueva Ley regional, el Gobierno de Valcárcel cambia, para la Región de Murcia en exclusiva, el cálculo de la capacidad económica de los dependientes, al considerar ahora el patrimonio neto como base para su cálculo, lo que, según Marzal, "significará un aumento del copago en la dependencia".

"Pero lo que es más grave aún es que la diferencia entre lo que cuesta una plaza de residencia o de centro de día, y lo que paga una persona usuaria de esa plaza, va a ser considerado a partir de ahora como una deuda de esa persona con la Administración, deuda que será cobrada a su fallecimiento a sus herederos", añadió.

Nuevos requisitos para acceder a las prestaciones

Otra cuestión que señaló Marzal es que las cerca de 12.000 personas que todavía están esperando cobrar las prestaciones por dependencia a las que tienen derecho deberán presentar una nueva solicitud para justificar que cumplen nuevos requisitos, aunque incluso tuvieran reconocido el grado y estuvieran esperando la propuesta de resolución de la prestación como consecuencia del retraso de la administración regional.

Desde la aprobación de la Ley de Dependencia por un Gobierno socialista, 46.000 ciudadanos se han beneficiado en la Región de Murcia. Esta cifra podría haber aumentado considerablemente si los recortes de los gobiernos del PP no hubiesen paralizado e impedido nuevas incorporaciones cambiando las condiciones de acceso.

"En los dos últimos años, los gobiernos de Rajoy y de Valcárcel han empeorado las condiciones de las 28.000 personas que reciben en estos momentos prestaciones en la Región. Las ayudas económicas se han recortado, se ha incrementado el copago en plazas de residencia y centros de día, se ha reducido el dinero para gastos personales de las personas que ocupan plaza de residencia, se aplica copago a la teleasistencia, y se cobran 30 euros a los dependientes por solicitar acogerse a la Ley", subrayó la responsable socialista, que puso de manifiesto que el Observatorio de la Dependencia ya ha dicho que la Región está entre las seis comunidades que peor aplica esta Ley.

"El Gobierno regional lleva camino de conseguir, con las trabas y dificultades que está poniendo a las personas dependientes, que en la Región ya prácticamente no dispongamos del derecho a las prestaciones y servicios que otorga la Ley de Dependencia. Esto es algo que no se puede consentir, y desde el Partido Socialista vamos a seguir luchando por una correcta aplicación de la Ley, para que los ciudadanos no vean mermados sus derechos con la excusa de la crisis", finalizó.