El diputado de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha arremetido hoy contra el PP por "cargarse" el sentido de la ley de Dependencia con la aplicación de nuevos recortes en materia de política social que esconden "un proceso de privatización".

Pujante ha pronunciado estas palabras en el Pleno del Parlamento autonómico, donde hoy se ha sometido a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales, Institucionales y de la Unión Europea de la Proposición de Ley sobre Medidas en materia Tributaria, de Sector Público, de Política Social y otras Medidas Administrativas, del PP.

Para Pujante, el objetivo de la Administración regional es "desprenderse literalmente de todo lo que tenga que ver con la escasa y precaria pero importante red pública de servicios sociales, que atiende a personas en situación de dependencia, muchas de ellas con discapacidad".

Como ejemplo, ha mencionado el cierre del centro ocupacional de Espinardo, un caso que ha considerado "la primera puerta que se abre" para iniciar un proceso de privatización de servicios sociales públicos.

Sobre las nuevas medidas de carácter tributario, el diputado ha asegurado que algunas fueron panteadas por IU-Verdes pero el grupo parlamentario Popular las rechazó argumentando que eran inviables y que no se podían materializar.

Ha considerado "positivo" aunque "insuficiente" la mejora en la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hecho que motivó la presentación de una enmienda por parte de IU-Verdes para mejorar la progresividad fiscal y ahondar aún más en una mayor contribución por parte de las rentas más altas.

En ese sentido, ha explicado que ha habido un "tibio avance" que demuestra que su formación "tiene razón cuando decimos que en donde hay que hacer hincapié fundamentalmente en los ingresos, y planteamos una serie de enmiendas como la que tiene que ver con el impuesto sobre superficies comerciales".

Además, ha defendido la puesta en marcha de una banca pública autonómica que garantice el acceso al crédito a las empresas con el fin de generar actividad económica y que eso revierta positivamente en la hacienda pública de la propia Comunidad Autónoma.

"Sería perfectamente viable, no tenemos más que pensar que si tan solo los 50.000 empleados públicos que tiene la Comunidad cobrasen su nómina directamente de una banca pública autonómica, la Administración dispondría de recursos suficientes para abordar una enorme cantidad de problemas y favorecer el crédito a la economía regional", ha finalizado.