El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado hoy en la Mesa de la Asamblea dos informes: uno sobre la constitucionalidad de la Proposición de Ley que ha presentado el Partido Popular sobre Medidas en materia tributaria, de sector público, de política social y otras medidas administrativas; y por otra parte, exige una memoria económica de la citada Proposición de Ley.

La secretaria de la Mesa y diputada, Teresa Rosique explicó que el Grupo Parlamentario Socialista ha comprobado que algunos aspectos de la Ley, como por ejemplo la anulación del plazo de seis meses para resolver los expedientes de personas dependientes, son inconstitucionales, ya que la ley estatal establece ese plazo para resolver los expedientes. Además, también hay otros aspectos que los Servicios Jurídicos de la Cámara tendrán que valorar. "La Proposición de Ley que ha registrado el PP restringe y niega derechos a los dependientes y sus familias, que la Ley estatal de Dependencia garantiza".

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista ha exigido que la citada Proposición de Ley venga acompañada de una memoria económica, "porque no sabemos el alcance que va a tener esta ley y a lo que va a afectar. Solo sabemos que el recorte es de 200 millones, que de ellos, aproximadamente de 20 millones afectan a los empleados públicos. Por tanto, quedan 180 millones de euros que no sabemos cómo afectarán a los ciudadanos de la Región, aunque si sabemos ya que la mayor parte de los recortes recaerán sobre los dependientes y sus familias".

Teresa Rosique añadió que las medidas que propone esta Proposición de Ley, lo que realmente suponen es un recorte de derechos, ya que algunas de las medias que plantea, lejos de lograr un ahorro para la Administración regional implicarían un incremento de gasto. La alternativa de una plaza residencia o centro de día a la ayuda económica en el entorno familiar supondrán mayor gasto para la Comunidad Autónoma.

La memoria económica debe aclarar cuántas plazas residenciales y de centros de día se van a poner a disposición de los dependientes, qué coste va a suponer para la Comunidad, qué ingresos supone el incremento del copago, a cuántos dependientes va a afectar esa medida, cuál es montante del ahorro en las prestaciones económicas en el entorno familiar con las restricciones que suponen los nuevos requisitos para poder acceder a las ayudas. "En definitiva, pedimos más transparencia y que se aclare dónde se van a aplicar los recortes y cómo va a afectar a los ciudadanos".

La diputada recordó que la Ley de recortes que el Gobierno regional presentó el pasado año contenía un anexo donde se especificaba partida a partida dónde se aplicaban los recortes; y sabíamos cuánto y dónde se iban a aplicar. Esta Proposición de Ley no lo aclara sino que oculta el alcance real de estos recortes".