El gasto público en el año 2.010 en relación al PIB español fue del 47,2%

De los municipios de más de 100.000 habitantes de España, el 65 % no ha rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2.011 y de los menores de 1.000 habitantes no han rendido cuentas el 60 %

"Es necesario aumentar la transparencia en la gestión de las administraciones públicas, así como en las entidades que de ellas dependen, es decir, empresas públicas, fundaciones, etcétera, esta es la principal conclusión de la Jornada de Auditoria celebrada en Madrid en la que participó el Decano del Colegio de Economistas de Murcia, Ramón Madrid Nicolás, que a su vez es Vicepresidente del Consejo Directivo del REA-CGCEE y Vocal de la Comisión de Auditoría del Sector Público.

En el sentido citado, a los expertos también les sorprende la falta de información pública, el difícil acceso y la opacidad de las cuentas de entidades públicas a las que se debería obligar a publicar en sus webs dicha información.

Sería conveniente una mayor regulación que conduzca a una mayor homogeneización por parte de todas las administraciones, y de la información a elaborar y suministrar por el sector público a los distintos agentes externos, lo cual permitiría una comparabilidad de las mismas y principalmente una mayor claridad.

El Consejo General de Economistas, a través del REA (órgano especializado del mismo Consejo) puso en marcha esta jornada sobre la "La transparencia como instrumento de eficacia", en las que también han participado, el Interventor General del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, la presidenta del ICAC, Ana Martínez Pina, el Presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich Rosell, el Portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados, Eloy Suárez Lamata, el presidente del REA-CGCEE, Carlos Puig de Travy, el vicepresidente del Consejo General de Economistas, Lorenzo Lara Lara, la Jefe de la Unidad Fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Madrid, Graciela García Díaz, el Interventor General del Ayuntamiento de Barcelona, Antonio Muñoz Juncosa, el Catedrático de la UPV y Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque, el presidente de COFIDES, Salvador Marín Hernández o el coordinador de la jornada y miembro del REA-CGCEE, Emilio Álvarez.

Las entidades públicas

Según un estudio reciente  efectuado por el Consejo General de Economistas – REA y la Fundación FIASEP, en España hay aproximadamente 20.630 entidades del Sector Publico, que corresponden 474 al Sector Publico Estatal, 1.895 al Autonómico y 18.261 al Local. De las que únicamente se auditan 1.719, es decir, el 8% del total. En detalle: El 65% del Sector Estatal, el 29% del Autonómico y solo el 5% del Sector Local se audita. Hemos de recordar además, que el gasto público en el año 2.010 en relación al PIB español fue del 47,2%. Queda claro que el sector público tiene un importante peso en  la economía. Sin embargo, se realizan muy pocas auditorias en el mismo.

Presentación de cuentas

El problema aun es mayor si consideramos que el nivel de Rendición de cuentas del Sector Público, es decir, no ya la realización de la auditoría externa,  sino simplemente  la presentación de la contabilidad oficial, es muy bajo. Veamos: El porcentaje de rendición de cuentas de los diferentes entes que componen el Sector Publico Autonómico en el año 2.011 fue tan solo del 40,81 %. y del 31 % en el ámbito Local.  El problema de la falta de Rendición de Cuentas de los ayuntamientos, no solo afecta a los pequeños municipios, ya que por tramos de población, de los municipios de más de 100.000 habitantes de España,  el 65 % no ha rendido las cuentas correspondientes al ejercicio 2.011 y de los menores de 1.000 habitantes no han rendido cuentas el 60 %

Ley de Transparencia

Con el proyecto legislativo de  la Ley de Transparencia seria el momento adecuado, para regular la auditoria en el sector público, especialmente en el ámbito local -deberían de auditarse  en función del número de habitantes y del presupuesto municipal- ya que resulta paradójico que se obligue a  efectuar una auditoría externa a un gran número de empresas privadas y sin embargo, no a los Ayuntamientos españoles.

La obligatoriedad de la auditoria privada contribuiría a mejorar la calidad de la información económica y también la transparencia en la información contable. Asimismo permitiría contribuir a evaluar si se consiguen los objetivos de eficacia y eficiencia fijados para el sector público, a  través de los diversos ámbitos de actuación: Auditoria de servicios públicos gestionados a través de entes instrumentales, empresas, fundaciones, concesionarios, etc. Auditoria de regularidad de la contratación administrativa. Revisión de aspectos de gestión y técnicos. Auditoria Operativa de los  Ingresos Tributarios. Impulso de los indicadores de gestión como herramienta de la auditorias sobre el sector público. Auditoría externa e interna de la gestión urbanística local, etc.