El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide la retirada del Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario, aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 28 de diciembre de 2012.

Asimismo, solicita que se inicie un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, con el objeto de garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte ferroviario atiendan adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial.

En su iniciativa, López Pagán argumenta que la aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 28 de diciembre, del denominado Plan de racionalización del Transporte Ferroviario, va a suponer un recorte importante en las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario que afectará gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos.

El Ministerio de Fomento, sobre la base del Real Decreto Ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios ha previsto un importante recorte de los servicios de media distancia, entre otros, el de la línea de Murcia a Cartagena.

Dicho Plan se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público, atendiendo al criterio general de declarar como obligación de servicio público todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15%. El diputado socialista denuncia que "esto dejará sin servicio de transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas".

Agregó que la supresión de servicios ferroviarios de viajeros y el cierre de estaciones, que afectará principalmente al medio rural, impedirá atender al objetivo de consolidación del ferrocarril, tanto regional como de media distancia, "como elemento esencial para garantizar unos servicios de transporte a ciudadanos que muchas veces no tiene otras alternativas".

Joaquín López apostilló que además de las graves consecuencias que tendrá la aplicación del citado plan para la movilidad de miles de ciudadanos, se está llevando a cabo sin el imprescindible consenso con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, suscitando un importante rechazo que se manifiesta a través de múltiples iniciativas políticas y ciudadanas a lo largo de todo nuestro territorio", concluyó.