La Junta de Personal Docente no universitario aprobó el martes 28 de mayo en reunión de su Pleno, y por unanimidad de sus componentes, rechazar, en nombre de los más de 18.000 docentes a los que representa, la propuesta de Plan económico financiero de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera presentado por el Gobierno regional en la Mesa General de Negociación.

El rechazo del Pleno de la Junta de Personal se sostiene en las siguientes razones:

El Plan supone la reiteración en una política ya fracasada de persistencia en los recortes que no ha conseguido sino hundir más y más a la región en la depresión económica, en el aumento de las tasas de paro, en la caída del consumo interno y en la emigración de una cantidad cada vez mayor de jóvenes titulados ("movilidad exterior" le llama el gobierno, exilio económico lo designamos nosotros).

El Plan es injusto, pues hace caer el peso de la incompetencia del gobierno regional sobre las espaldas de los empleados públicos, funcionarios y personal laboral que ven, una vez más, disminuidas sus retribuciones (entre 1.700 y 2500 euros año para los docentes según cuerpos y antigüedad); sobre el empleo público, lo que condena a cientos de empleados no a la disminución de sus retribuciones sino a la desaparición de las mismas; y sobre los usuarios de los servicios públicos que ven como estos se deterioran, se encarecen (aumento de tasas y precios públicos), se privatizan (recurso a la manida y eufemística "cooperación público-privada) o, directamente, desaparecen.

El Plan es, además, inútil e ineficaz. No servirá para contener el déficit de 2013. Aunque solo sea porque gran parte de las medidas de aumento de ingresos y disminución de gastos no se materializarán hasta 2014.

El Plan es irreal y, en algunos aspectos, fantasmagórico. Sin medidas de estímulo a la actividad económica las previsiones de aumento de recaudación por la vía de nuevos impuestos o aumentos de los existentes no se materializarán (como ya ha ocurrido a nivel estatal con los aumentos del irpf y el iva que, a duras penas, han contenido el desmoronamiento de la recaudación). Además la anunciada venta de patrimonio (afortunadamente, esta vez, no se vuelve a provocar la hilaridad universal hablando de la venta de puntos de amarre) en las actuales circunstancias del mercado inmobiliario en caso de materializarse solo puede traducirse en el desprendimiento, a precio de saldo, de piezas del patrimonio común en beneficio de entes privados. Una versión del pelotazo inmobiliario en modalidad estado de necesidad o liquidación por derribo.

El Plan es antisocial y debilita los servicios públicos. El Plan contempla la no ejecución, bloqueo le llaman ahora, de partidas presupuestadas y que no se consideran imprescindibles. Mucho nos tememos que esta sea la vía por la que veremos desaparecer medidas educativas como el Plan PROA, y otras de atención a la diversidad o a la educación compensatoria y las dirigidas a la inclusividad. El Plan recoge también la disminución del gasto corriente y el deterioro de determinados servicios tanto en Universidades y en el resto del servicio público educativo, como en Sanidad.

La Junta de Personal Docente llama a todos los docentes de la educación pública regional a responder a esta nueva agresión a nuestras retribuciones, a nuestras condiciones de trabajo y al servicio público que realizamos participando activamente en cuantas movilizaciones y acciones de repudio se convoquen por parte de las organizaciones sindicales en el marco de la Unidad de Acción.

La Junta de Personal propone a todo el profesorado y a los Equipos Directivos de los centros educativos incorporar a las memorias finales de los Ciclos, Departamentos, Comisiones de Coordinación Pedagógica, Claustros y Consejos Escolares una reflexión sobre como los recortes (reducción de plantillas, aumento de carga lectiva, asfixia económica de los centros, asunción de docencia en áreas ajenas a la especialidad, etc) han influido en la calidad del servicio educativo que reciben nuestros alumnos y alumnas. Y a recoger en las propuestas de mejora, la vuelta a las cargas lectivas anteriores a los recortes, la recuperación de las partidas de gastos de funcionamiento, de los desdobles, apoyos y refuerzos suprimidos, y, en resumen, de la totalidad de las condiciones de trabajo y de dotaciones de los centros de los que se ha privado al sector educativo público en estos tres últimos años.

En nombre del Pleno de la Junta de Personal Docente no universitario.

Pedro Manuel Vicente Vicente

Presidente de la Junta