En la Región de Murcia existen 727 viviendas en Dominio Público Marítimo Terrestre, cuya concesión se extinguía para 249 en 2018
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín Bascuñana, ha declarado esta mañana en rueda de prensa que la nueva Ley de Costas aprobada ayer en el Congreso de los Diputados responde al deber inexcusable de protección de la costa y que el nuevo texto se ha diseñado para afrontar aquellas situaciones que la ley de 1988 no pudo resolver.
Bascuñana, acompañado del jefe de la Demarcación de Costas de la Delegación del Gobierno, ha explicado la casuística general de la norma y detallado cómo puede afectar a casos concretos en la Región de Murcia. “Se trata de dar solución a lo existente sobre la base de una mayor protección frente a los excesos urbanísticos, mayor protección jurídica para los titulares de derechos y mayor actividad económica”, indicó.
El delegado del Gobierno ha valorado especialmente que se trate de una ley que responde al interés general y que beneficia a aquellos que ya estaban legítimamente antes de la ley de 1988, además de aclarar que, en ningún caso, se permitirán nuevas edificaciones en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) ni se autorizarán aquellas reformas que impliquen un aumento del volumen, la altura o la superficie.
“En cuanto a las concesiones, cuyo plazo se amplía hasta los 75 años, no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga”, aclaró.
Además, el delegado del Gobierno insistió en la importancia de que se trate de la primera ley de costas que introduce políticas de lucha contra el cambio climático y el impacto positivo que los nuevos supuestos tendrán sobre la economía, ya que permitirá el mantenimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad de hoteles y chiringuitos.
El jefe de la Demarcación de Costas ha negado que la ley represente “más ladrillo”, ya que lo único que hacer es reforzar los derechos legítimos y adquiridos de aquellas personas que hubiera adquirido una vivienda con anterioridad a 1988.
Martínez Muñoz detalló que en Murcia hay 727 viviendas en DPMT, 324 con concesión, entre las que a 249 se les extinguía la concesión. “Por lo tanto”, explicó, “beneficiarios directos de la reforma, esos 249 a los que se les extinguía la concesión en 2018. Y a los 403 restantes que no tienen concesión se les facilitarán los instrumentos adecuados para que no aleguen desconocimiento de la ley e indefensión y puedan solicitar la correspondiente concesión de la que no disponían”, concluyó.