UPyD propone entre sus enmiendas que los jueces y tribunales puedan, de oficio o a instancia de parte, condonar la deuda que queda pendiente a un desahuciado en determinadas circunstancias
El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha calificado como "muy positivas" las treinta enmiendas que UPyD ha presentado en el Congreso a la ILP sobre regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Sánchez afirma que todas ellas "van a mejorar el texto inicial de la ILP"
En concreto, UPyD propone que los jueces y tribunales puedan, de oficio o a instancia de parte, condonar la deuda que queda pendiente a un desahuciado en determinadas circunstancias, y también sugiere que los intereses de demora, mientras dure la moratoria a las ejecuciones hipotecarias decretada por el Gobierno, se limiten al 6% anual.
Así se indica que "cuando el ejecutado sea un consumidor y el bien subastado, su vivienda habitual" las autoridades judiciales pertinentes puedan "rechazar" la reclamación de la deuda pendiente tras el desahucio ante causas "justas, apreciadas discrecionalmente y debidamente acreditadas, tales como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad.
Además, en sus propuestas de modificación también se recogen previsiones para dar cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que hace unos días sentenció que la ley hipotecaria española es contraria a la normativa comunitaria de protección al consumidor.
En este sentido, proponen permitir al ejecutado formular oposición frente a la continuación del procedimiento si existen cláusulas en su contrato hipotecario, incluyendo si ya está iniciado el procedimiento de ejecución cuando la ley entre en vigor. También se prevé que el juez pueda apreciar de oficio esas cláusulas abusivas y dictar auto "mandando sobreseer la ejecución o fijando la cantidad por la que haya de seguirse la oposición, según proceda".
Por otra parte, UPyD centra parte de sus enmiendas en que las familias que atraviesan dificultades económicas no se queden sin casa, y por eso sugiere que si la vivienda es adjudicada al acreedor, el juez pueda rechazar el desahucio y permitir que los afectados se queden en el piso, abonando una cantidad que determine en función de los ingresos y otras circunstancias de la familia.
"El pago de dicha cantidad en ningún caso tendrá el carácter de renta ni conferirá a los ocupantes otro derecho que el de habitar el inmueble por autorización judicial por el plazo y los términos aprobados. El tribunal podrá asimismo, de oficio o a instancia de parte, revocar dicha autorización por falta de pago del importe fijado, por cesar o variar la causa que hubiese motivado la desestimación de peticiones anteriores de lanzamiento, o por cualquier otra causa que estimara procedente", precisa la enmienda.
Con el objetivo de evitar abusos en las subastas, la formación magenta pide elevar al 80% sobre el valor de tasación el precio mínimo al que se puede adjudicar la vivienda, además de otorgar al deudor la posibilidad de "entregar la vivienda en pago parcial al acreedor a cambio de quedar liberado de la deuda hasta donde alcance el valor de una tasación realizada en el ámbito judicial a su requerimiento y a su costa, quedando responsable personalmente por la diferencia".
Con el mismo objetivo de evitar fraudes, también sugiere la necesidad de garantizar que ninguna persona vinculada con la entidad bancaria o su grupo participa en la subasta para evitar que quede desierta e incrementar los porcentajes de adjudicación, algo que "se viene detectando en la práctica".
Aumentar a tres los impagos necesarios para dar comienzo a la ejecución hipotecaria, limitar a un 6% anual los intereses de demora mientras dure la moratoria aprobada por el Gobierno, evitar que los procedimientos puedan ir también contra los avalistas, o evitar que la dación en pago obligue al pago de ciertos impuestos para sujetos con menos de 12.000 euros anuales de ingresos también se cuentan entre las enmiendas de UPyD.
Rafael Sánchez también ha destacado las enmiendas de UPyD que inciden en la necesidad de evitar el sobreendeudamiento de los ciudadanos y de dar una segunda oportunidad a quienes pierden su vivienda, que actualmente se quedan con una deuda de por vida.
Así, se proponen cambios en la Ley Concursal para que algunas de sus previsiones puedan aplicarse a las personas físicas. Entre otras cosas, proponen que, "a falta de estipulación expresa en contrario contenida en la escritura de constitución, la responsabilidad derivada del préstamo hipotecario se limite al valor de la finca hipotecada" o que se obligue a las entidades de crédito a "ofrecer entre sus productos comercializados hipotecas de responsabilidad limitada".
"No podrán garantizarse con hipoteca préstamos que prevean intereses por mora superiores en seis puntos porcentuales al tipo remuneratorio convenido, fijo o de referencia, aplicable en la fecha de inicio de la mora", añaden en otra enmienda.
Asimismo, recomienda la creación de una Comisión Nacional de Sobreendeudamiento, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y bajo la coordinación y apoyo técnico del Banco de España, que se encargue de "coordinar todos los procesos de mediación hipotecaria y de dar formación y apoyo técnico a los profesionales que en las diferentes administraciones lleven a cabo esta labor."
Finalmente, UPyD pide al Gobierno que declare obligatorio para las entidades financieras --al menos las que han recibido fondos públicos-- adherirse al Código de Buenas Prácticas y que se eleven los umbrales de exclusión para poder acogerse a las medidas que prevé.