Región

UPyD muestra su repulsa a las condenas que un tribunal militar de Rabat ha impuesto a 24 activistas saharauis

Rafael Sánchez expresa la solidaridad de su partido con la comunidad saharaui residente en la Región de Murcia

El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, ha mostrado su repulsa ante las condenas que el tribunal militar de Rabat ha impuesto a los 24 activistas de derechos humanos saharauis que fueron detenidos en noviembre de 2010, por su participación en el campamento de Gdeim Izik (Aaiun) y que han estado encarcelados más de 25 meses en Sale (Rabat).

Sánchez ha mostrado la disconformidad de su partido ante la incoherencia de que los 24 activistas hayan sido juzgados ante un tribunal político, cuando no existían pruebas incriminatorias algunas para que los imputados no fueran juzgados por un tribunal civil. De este modo, ha trasladado la solidaridad de UPyD hacia la comunidad saharaui residente en la Región de Murcia

El coordinador de la formación magenta ha subrayado que el campamento Gdeim Izik fue un movimiento no violento en el que entre 10.000 y 20.000 saharauis se instalaron en una zona desértica cerca de El Aaiún y en el que denunciaban, de manera pacífica, la vulneración de sus derechos sociales, sobretodo el acceso al trabajo y a la vivienda.

Asimismo, Sánchez ha señalado que la población saharaui nunca utilizó medidas violentas o que fueran en contra del espíritu pacifista del campamento Gdeim Izik, por lo que solicitamos la liberación inmediata de los presos, a su entender, injustamente encarcelados, y sin pruebas suficientes, así como condenamos el trato inhumano de que son objeto en las cárceles marroquís.

Rafael Sánchez ha vuelto a recordar, una vez más, que estos hechos están ocurriendo a muy pocos kilómetros de Canarias y que España sigue teniendo una responsabilidad ética y política con el Sahara Occidental, pues el proceso de descolonización no concluirá hasta que los saharauis hayan decidido su destino libremente mediante un Referéndum de Autodeterminación. Sánchez ha insistido en que "según distintos dictámenes de la ONU, España sigue siendo legalmente la potencia administrativa del Territorio y por eso no puede desentenderse de lo que allí ocurre"

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