El diputado nacional por Murcia y portavoz de Vivienda en el Congreso, Teodoro García, ha anunciado hoy que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta "que hace posible, por primera vez, la dación en pago para los colectivos más vulnerables, aquellas personas que están cobrando el paro o que tienen ingresos inferiores a 19.164 euros".

Según ha explicado, esta medida forma parte de la batería de enmiendas que han presentado los 'populares' al Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, con las que "se busca dar una solución al colectivo más vulnerable de la sociedad, es decir, aquellas personas sin empleo que, además, tienen el riesgo de perder su vivienda".

En este sentido, García ha señalado que "se eleva el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas a tres veces el IPREM, de manera que es posible acogerse a la reestructuración de la deuda hipotecaria, bien con una carencia de amortización de cuatro años; bien reduciendo los tipos de interés al Euríbor + 0'25; o ampliando el pago de la devolución a 40 años".

"También aplicando una quita del 25% del capital pendiente y en su caso, la dación en pago quedándose el deudor en la vivienda mediante contratos de arrendamiento por dos años, para las familias con ingresos inferiores a 19.164 euros y cargas familiares", ha añadido.

El dirigente 'popular' ha asegurado que estas enmiendas también contemplan medidas para dar "más protección al deudor hipotecario, como la limitación de los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, con lo que no superarán el 12 por ciento -cuando hoy en día están entre el 25 y el 29-, con lo que se reducen en más de un cincuenta por ciento".

Entre otras medidas que dan más protección al deudor se incluye que ahora se exigirá el impago de tres cuotas para poder iniciar la ejecución, cuando en la actualidad con el impago de una es suficiente; que el valor de la vivienda en la subasta no podrá ser en ningún caso inferior al 75% del valor de la tasación fijado en la escritura pública de formalización del préstamo; y que se aumenta del 60 al 70% el porcentaje por el que el banco puede adjudicarse la vivienda.

Asimismo, cuando el banco se adjudique una vivienda, si quedara deuda pendiente, el capital pendiente se podrá reducir en un 35% si el deudor salda la deuda en los cinco años siguientes, o en un 20% si la salda en los 10 años siguientes.

El tercer objetivo de las enmiendas del Grupo Popular contempla iniciativas para alcanzar mayor independencia de las entidades de tasación respecto de las entidades financieras, por ejemplo estableciendo un máximo del 10% de la relación de negocio entre las tasadoras y los bancos, y obligando al banco a aceptar la tasación oficial que le presente el cliente, aunque sea de una tasadora distinta, siempre que esté homologada.

Finalmente, el cuarto objetivo se refiere a medidas para evitar el sobreendeudamiento, como por ejemplo limitar a 30 años el plazo máximo de amortización de una hipoteca sobre vivienda habitual.