El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto por el que se crea y regula un registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida, es decir, aquellas en las que se reconoce la participación de la mujer en el desarrollo de la actividad, así como otro tipo de explotaciones denominadas prioritarias.

De esta forma, el decreto desarrolla los contenidos de la Ley de Modernización de las explotaciones agrarias y supone un instrumento que permitirá el seguimiento y la supervisión de ambos tipos de explotaciones. Los titulares de estas modalidades de explotaciones agrarias obtendrán beneficios, ayudas y otras medidas de fomento previstas en la legislación.

En cuanto al registro de titularidad compartida entre hombres y mujeres, el Gobierno regional persigue reconocer jurídica, económica y socialmente la actividad agraria que desarrollan las mujeres en el medio rural, así como el papel fundamental que representan y las funciones que realizan, de vital importancia para el mantenimiento de la sociedad rural.

Así, el objetivo es favorecer la igualdad de oportunidades de la mujer en el sector agrícola. La figura de la mujer es esencial en este ámbito, ya que sin su participación sería prácticamente inviable el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera.

Entre los requisitos exigidos a las titulares se encuentran el ejercer la actividad agraria de forma directa y personal, residir en el ámbito territorial en que radique la explotación y que estén dadas de alta en la Seguridad Social.

Las explotaciones de titularidad compartida tienen un derecho preferente en las actividades de formación y asesoramiento en materia de agricultura, así como un incremento de la ponderación en las subvenciones financiadas por la Administración General del Estado en materia de agricultura.

Por su parte, las explotaciones agrarias que obtengan la calificación de prioritarias, que son aquellas que cumplan una serie de condiciones establecidas por la Unión Europea, optarán a un trato preferente en la contratación de seguros agrarios, en el acceso a determinadas acciones formativas y a las ayudas destinadas a la modernización de sus explotaciones.

Asimismo, gozarán de beneficios fiscales, como por ejemplo la reducción del 90 por ciento de la base imponible del impuesto que grava la transmisión o adquisición de la explotación.