El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, y la diputada regional Teresa Rosique denunciaron que la Consejería de Sanidad y Política Social "estaría realizando fraude de ley al aplicar con carácter retroactivo la suspensión durante 24 meses del acceso a las prestaciones económicas por dependencia, según el Defensor del Pueblo".

El Partido Socialista considera "una tremenda injusticia" que la Consejería niegue a miles de murcianos acceder a las prestaciones a las que tienen derecho y no descarta iniciar acciones judiciales.

El Real Decreto 20/2012 aprobado por Rajoy en julio del año pasado suspendía por 24 meses el acceso a la prestación económica en el entorno familiar a todas las personas en situación de dependencia que, aun teniendo grado reconocido, no hubieran obtenido reconocimiento de la prestación antes de la entrada en vigor del mismo.

"Cuando se aprueba dicho Real Decreto, en nuestra Región miles de personas tenían grado de dependencia reconocido, pero no la prestación, debido a que la Consejería estaba incumpliendo el plazo máximo de seis meses para resolver definitivamente los expedientes", explicaron.

"La Consejería aprovecha entonces su propio incumplimiento para aplicar a estas personas dependientes la suspensión por 24 meses del acceso a las prestaciones económicas a las que pudieran tener derecho", añadieron ambos dirigentes socialistas, que calculan que las personas afectadas son alrededor de 6.000.

Informe del Defensor del Pueblo

El pasado 20 de diciembre, el Defensor del Pueblo remitió a la Consejería de Sanidad y Política Social una Resolución sobre presuntos incumplimientos en los expedientes de reconocimiento y pago de las prestaciones económicas por dependencia, en la cual se dice que a todas las personas que hubiesen presentado su solicitud para acogerse a la Ley de Dependencia seis meses antes de la entrada en vigor del Real Decreto de Rajoy "no les será de aplicación esa suspensión y lo contrario constituiría un fraude de ley".

"Además, la Consejería aprovecha su incumplimiento del plazo para resolver los expedientes, y niega el cobro de las prestaciones en caso de fallecimiento del dependiente", señalo Rosique. A este respecto, el Defensor del Pueblo advierte sobre la ilegalidad que supone no realizar el reconocimiento de crédito en caso de fallecimiento del dependiente cuando la administración haya excedido el plazo para resolver. 

También le recuerda el Defensor del Pueblo a la Consejería que debe cumplir el plazo de seis meses para resolver los expedientes, y rechaza los argumentos que ésta da para no pagar los atrasos que les debe a los dependientes.

La Ley de Dependencia "no le gusta" al PP

González Tovar, que considera que la Ley de Dependencia no le gusta al PP y lleva camino de desmantelarla, detalló que son 22.000 personas dependientes atendidas por cuidadores no profesionales las que han visto reducida su prestación en un 15%, que hay más de 8.000 murcianos y murcianas que tienen reconocido el grado de grandes dependientes que no están percibiendo las ayudas, y que hay unas 12.000 personas con grado de dependencia moderada que tampoco están accediendo a la ayuda debido a la prórroga de los dos años puesta en marcha por el PP.

El líder socialista anunció que el PSRM pondrá sus servicios jurídicos al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas que necesiten apoyo legal para hacer su reclamación. Y Rosique, por su parte, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia urgente de la Consejera de Sanidad y Política Social en la Asamblea Regional "para que dé explicaciones sobre los hechos denunciados por el Defensor del Pueblo".