El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro ha presentado una moción en la Asamblea en la que pide la realización de una auditoría sobre los test de idoneidad de las participaciones preferentes.
Navarro pide en su moción que la normativa que regula las operaciones de canje de participaciones preferentes y deuda subordinada, emitidas por Entidades que reciban ayudas públicas, excluya de la aplicación de quitas a los titulares que sean considerados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores no idóneos o ahorradores.
Asimismo, solicita que se dote a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de recursos suficientes para llevar a cabo esta auditoría. Propone también que el Fiscal General del Estado actúe en la determinación de responsabilidades por el posible fraude en la comercialización de estos títulos.
Largo proceso
Navarro indicó que "tras un largo proceso de operaciones de canje llevadas a cabo por las Entidades Financieras para convertir las participaciones preferentes en otros productos financieros, aún quedan más de 5.000 millones de euros en estos productos híbridos".
Los canjes que se han efectuado han sido por conversión en acciones, bonos convertibles en acciones, deuda subordinada o imposiciones a plazo fijo, entre otros. La gran parte de las participaciones pendientes de canje corresponden a las cuatro entidades nacionalizadas: Bankia (3.200 millones de euros), NovaGalicia Banco (903 millones de euros), CatalunyaCaixa (510 millones de euros) y Banco de Valencia (77 millones de euros).
Navarro advirtió que estas entidades "tienen un problema añadido para llevar a cabo el canje, ya que la UE exige que se aplique el valor de mercado, lo que significarían pérdidas entre el 50% y el 80% del valor nominal".
El Memorando de Entendimiento establece que los instrumentos híbridos y subordinados serán convertidos en deuda preferente o recursos propios, con la consiguiente quita para minorar la aportación de los contribuyentes al saneamiento de la entidad.
La aplicación de lo establecido en el memorando significaría:
- La consideración de los titulares de participaciones preferentes como inversores, sin tener en consideración que muchos de los titulares son ahorradores, no inversores, que han sido víctimas de una comercialización engañosa.
- Un trato desigual para los titulares de preferentes, dependiendo de si son Entidades que requieran o no fondos públicos para su saneamiento.
El diputado explicó que esto supone que "los ahorradores que fueron engañados en la comercialización soportarán importantes pérdidas en el proceso de conversión". La forma de evitarlo, en opinión de Alfonso Navarro, sería que mediante la intervención del supervisor, la Comisión Nacional del Mercado de Valores revise la idoneidad de los titulares de las participaciones preferentes, lo que serviría para diferenciar los que son ahorradores engañados de los que se les ha colocado sin conocimiento financiero este tipo de productos híbridos e inversores, que sí estarían obligados a asumir parte de las pérdidas de la Entidad.