El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSRM, Marcos Ros, explicó que la lectura de la Sentencia 91/2011 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia, no deja lugar a dudas de que la adscripción de sistemas generales a suelo urbanizable (conocida coloquialmente como teletransportación), no se puede realizar con suelos de protección específica, puesto que es contraria a la Ley del Suelo de la Región de Murcia, pues dice claramente que "las categorías de suelo no urbanizable de protección específica no pueden confundirse con los sistemas generales".

"Por ello, exigimos a la Administración regional que elabore un informe con urgencia sobre cuántos municipios han aplicado esta fórmula del teletransporte sobre suelos de protección específica, y que paralice temporalmente su desarrollo y gestión", añadió el responsable socialista, quien considera que la Comunidad "debe establecer, también con urgencia, una moratoria sobre el teletransporte con suelos de protección específica, y arbitrar medidas para su eliminación de todos aquellos Planes Generales Municipales que lo tengan en aplicación".

¿Qué es el teletransporte?

La adscripción de suelo de sistemas generales a suelos urbanizables (teletransporte) es un mecanismo que creó la Ley del Suelo estatal del 98, para que las administraciones pudieran obtener el suelo necesario para sus infraestructuras y equipamientos, sin coste económico, a cambio de otorgar a los propietarios de dichos suelos una posibilidad de edificar en otras urbanizaciones previstas, sumando su edificabilidad a la prevista.

Este mecanismo se recogió en la L.S.R.M. de 2001. Algunos ayuntamientos, fundamentalmente el de Murcia, comenzaron a darle la vuelta al sistema, provocando efectos no previstos inicialmente en la Ley del Suelo del 98.

El sistema del teletransporte indiscriminado ha consistido en acumular edificabilidad e incrementar exponencialmente los beneficios de algunos suelos y urbanizaciones, clasificando como "sistema general" grandes bolsas de suelo forestal que se cedía a los ayuntamientos a cambio de mayor posibilidad de edificar. Una operación, en definitiva, puramente especulativa, que no redunda en beneficio de la comunidad, y que generó unas plusvalías astronómicas en los suelos forestales.

Los principales municipios que han empleado esta fórmula son los de Murcia, Lorca, Aguilas y Cartagena, aunque falta por determinar cuántos municipios de la región la han aplicado, y cuántos de ellos han utilizado suelo de "protección específica".

No todo vale

Marcos Ros subrayó que la sentencia del TSJ" ha venido a poner fin a la fiesta urbanística", diciendo que "no todo vale" en la aplicación de los mecanismos establecidos en las leyes. Así, es bien clara: el teletransporte se puede hacer, siempre que no se afecten suelos de "protección específica", es decir, aquellos afectados por denominación de Parque Regional, ZEPA, LIC o cualquier otra figura de protección ambiental superior.

Desde el PSOE exigimos que se deje de utilizar esta fórmula de forma arbitraria en suelos no urbanizables, con el único fin de aumentar la edificabilidad de las urbanizaciones. En opinión de Ros, "la fórmula de la adscripción de sistemas generales, debe quedar bien clara en los Planes Generales de cada municipio, y emplearse solamente para la obtención de los suelos necesarios para las infraestructuras, equipamientos y espacios libres necesarios para estructurar el municipio, y no para generar plusvalías de forma arbitraria".

Un nuevo marco de seguridad jurídica y económica

La Comunidad debe actuar cuanto antes, pues es su responsabilidad. Estos mecanismos se fijan en los respectivos PGMO que son competencia de aprobación definitiva de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, para evitar situaciones de inseguridad jurídica y económica, deben presentar un informe sobre la cantidad de municipios, superficie de suelo, edificabilidad y planes parciales afectados, a la mayor brevedad posible. "Todo el tiempo que la Comunidad se retrase en clarificar la situación, estará contribuyendo a la sensación de inseguridad jurídica y económica", insistió.

Desde el PSOE entendemos que la vuelta atrás de millones de metros cuadrados de suelo protegido, a su situación original, puede originar grandes cambios de valoración económica de suelos que, en la actualidad pueden estar computados en balances, empresas, bancos, hipotecas y avales, con valores muy diferentes en uno u otro caso. Y por lo tanto, es necesario clarificar cuanto antes la situación global.

Un cambio de modelo urbanístico

Ros pidió que, "de una vez por todas, la Comunidad Autónoma y el Gobierno del Partido Popular se den cuenta de que es necesario cambiar el modelo urbanístico en la Región de Murcia, un modelo que ha acentuado las consecuencias de la crisis en esta Región".

"Es necesario fijar un nuevo rumbo urbanístico, una política de planificación territorial coherente, respetuosa con nuestros valores naturales, culturales, paisajísticos y económicos, que articule la población de la región en función de unos intereses estratégicos económicos, turísticos, industriales y culturales, en lugar de primar la política del ladrillo a toda costa", finalizó.