El atraso en el pago de los salarios ha dejado de ser hoy un argumento para la huelga toda vez que Latbus, concesionaria del servicio de transporte público en el de Murcia y diversos municipios de la región, ha ingresado en las cuentas de todos sus trabajadores el 30% de la nómina de noviembre, única cantidad que quedaba pendiente de pago. 

El abono del ayuntamiento de Molina de Segura, que se suma así a las administraciones que han agilizado sus obligaciones de pago para evitar la huelga, ha permitido que la empresa se ponga al día con la plantilla en un nuevo gesto para evitar que la protesta laboral siga adelante.

Latbus sigue esperando el ingreso comprometido hace varias semanas por el ayuntamiento de Murcia ante la Comunidad Autónoma, por el que la compañía debería haber cobrado ya la cantidad pendiente. Recordar que se trata del importe correspondiente a la cesión de los autobuses del servicio urbano y la compensación por el déficit tarifario del año 2011. 

La buena noticia ha llegado durante esta cuarta jornada de huelga que ha destacado además por la prestación de los servicios esenciales con total normalidad. 

El director adjunto de Latbus, Fulgencio Jiménez, valora positivamente este avance hacia la única medida posible de atención a las reivindicaciones de los trabajadores, que es el cobro de sus atrasos, por lo que manifiesta su “confianza en que la huelga sea desconvocada por el comité de empresa durante las próximas horas”. 

Viaje al pasado

Respecto a los anuncios realizados hoy por la Comisión de Calidad del Transporte Urbano en Murcia, Latbus considera que las medidas aprobadas “son el resultado del viaje al pasado a que el Sr. Iniesta ha invitado a los integrantes de la mesa, para aplicar los cambios que ya se incluyeron en el Plan de Movilidad Urbana que registró la respuesta en contra de miles de murcianos y colectivos vecinales e incluso de la propia Administración Regional y el Ayuntamiento de Molina”.

Latbus insiste en que se planteará la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Ayuntamiento de Murcia si persiste en aplicar estos cambios “en defensa de la empresa y la concesión que mantiene con la Comunidad Autónoma, así como de nuestros trabajadores, que serían una vez más los principales afectados junto con los usuarios por las decisiones injustas del equipo de gobierno de Miguel Ángel Cámara”.