La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique denunció que "al atropello del Gobierno regional a los dependientes que tienen plaza de residencia, a los que prácticamente les ha vaciado los bolsillos, se suma el freno de la incorporación de personas dependientes a las prestaciones a las que tienen derecho".
Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad y Política Social a 1 de diciembre de este año, habían 43.371 personas con grado protegible; de ellas, sólo 29.918 estaban recibiendo prestaciones. El resto, a pesar de tener grado reconocido, la mayoría de gran dependencia o dependencia severa, seguían esperando acceder a las mismas.
Desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre de este año hay 455 personas menos recibiendo prestaciones por dependencia, a pesar de existir 13.453 personas con grado protegible y, por tanto, con derecho a prestación.
"Estos datos ponen de manifiesto el parón del Gobierno regional a la Ley de Dependencia y se empiezan a ver las consecuencias que el decreto de Mariano Rajoy está teniendo sobre los derechos de estas personas; derechos que se están viendo frenados y recortados, retrasando la incorporación a las prestaciones, mermando las ayudas y elevando el copago".
En este sentido, precisó que el Gobierno regional "ha entrado a saco con el dinero de los dependientes en plazas de residencias, la mayoría de los cuales tienen pensiones muy por debajo del precio de referencia de dicha plaza, fijado en 1.600 euros. Por tanto, el Gobierno regional se queda con todo el dinero que cobran por su pensión y sólo les deja 106 euros para gastos personales, de los cuales tienen que detraer, entre otras cosas, el gasto de sus medicamentos".
Rosique agregó que el plazo establecido por el decreto de Rajoy de hasta dos años y medio para que una persona en situación de dependencia pueda acceder a la ayuda económica en el entorno familiar provocará que miles de personas, que en estos momentos tienen derecho a esa prestación no lleguen a recibirla, tal y como han denunciado los directores y gerentes de servicios sociales.
"Desde el Grupo Parlamentario Socialista manifestamos nuestro más rotundo rechazo a este brutal ataque de derechos a las personas en situación de dependencia y exigimos a la consejera de Sanidad que explique en la Asamblea por qué existiendo una lista de miles de personas con derecho a prestaciones, no las están recibiendo y por qué cada vez hay menos personas que las reciben, a pesar de esa larga lista de espera", concluyó.